La Dirección General de Control de Obras Públicas de la Contraloría General de la República realizó verificación técnica in situ a las obras a ser ejecutadas y en ejecución con recursos del Fonacide en distintos locales educacionales de las municipalidades de Guarambaré, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Limpio, Luque, Nueva Italia y Areguá.
El informe de la citada dependencia del órgano superior de control constató algunas irregularidades e indicios de hechos punibles contra el patrimonio, por lo que considera pertinente elevar la denuncia correspondiente al Ministerio Público para que esa instancia profundice la investigación de los presuntos hechos ilícitos.
En el facsímil que se reproduce en esta página se puede observar detalladamente la cantidad de instituciones educativas “muestreadas”, monto contractual verificado y las observaciones de indicios de hechos punibles contra el patrimonio.
En general, en las obras verificadas se observó incumplimiento de las especificaciones técnicas, mayores cantidades de obras certificadas con relación a las ejecutadas, certificación de rubros en cantidades mayores que las ejecutadas, modificación de rubros sin mediar una justificación técnica y económica, falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y los municipios para la fiscalización de las obras, e incumplimiento del plazo contractual.
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El informe final del ente superior de control expresa al respecto que el control interno de los diferentes entes ejecutores, referido al gerenciamiento de obras públicas, fue deficiente. Los proyectos en la mayoría de los casos cuentan con diseños incompletos, excepto las construcciones estándar del Ministerio de Educación y Cultura. Los cómputos métricos y presupuestos en varios aspectos no son reales. La evaluación de las ofertas adjudicadas no detectó que los precios unitarios fueran acordes a los del mercado.
También observó que los procesos constructivos carecen de documentación de las obras. En los contratos no fueron contempladas penalizaciones por atraso en los trabajos y no apareció una fiscalización efectiva de las obras.