1.El 21 de abril de este año los fiscales Eugenio Ocampos, Aldo Cantero y Estefanía González habían imputado por fabricación de bombas caseras (molotov) a los dirigentes liberales Stiben Antonio Patrón Cáceres (hoy preso en Emboscada), Brian Esteban Martínez, Luis Osvaldo Sánchez y Rubén Galeano (quienes buscan calidad de refugiados en Uruguay, al igual que Osvaldo Aquino y Raúl Cáceres) y pidieron prisión preventiva. Sin embargo, los agentes no ordenaron sus detenciones, por lo que todo quedó en manos del juez penal de garantías. El magistrado Gustavo Amarilla convocó a los imputados a audiencia de medidas para el 20 de mayo, diligencia que no se pudo hacer a causa de acciones presentadas por los encausados inicialmente.
2.El 18 de mayo pasado el presidente de la República Horacio Cartes arremetió contra el Ministerio Público en un mitin político. Específicamente, el jefe de Estado criticó el “atropello” de fiscales a la sede del Partido Colorado para colectar pruebas del caso “firmatón”, respecto a que se hacía firmar a “muertos” planillas pro enmienda constitucional para la reelección presidencial. Asimismo, dio a entender que la fiscalía tenía miedo en el caso de la quema del Congreso Nacional y de la fabricación de bombas molotov en el PLRA, hechos ocurridos el 31 de marzo. Dos días después la Fiscalía difundió imágenes de 28 personas sospechosas de quemar el Congreso y se cambió el criterio respecto a la causa molotov porque no había presos.
3.El 6 de junio último Stiben Patrón Cáceres fue detenido tras prestar declaración en la Fiscalía Barrial N° 7, de Santísima Trinidad, en el caso de abucheo ocurrido en la noche del 29 de marzo frente a la residencia de la senadora liberal Blanca Mignarro. La orden de detención era del fiscal Eugenio Ocampos, uno de los agentes que lo imputaron por violación a la ley de armas y explosivos en el caso de preparación de bombas molotov pero que no había ordenado antes su aprehensión. Tras su detención, su vivienda fue allanada. Un día después el juez Gustavo Amarilla ordenó su prisión preventiva en Emboscada. Ocampos, por su parte, dictó órdenes de captura contra los demás imputados en la misma causa, Osvaldo Sánchez, Brian Martínez y Rubén Galeano.
4.El cambio de postura del Ministerio Público, el hecho de que los imputados estaban sujetos al proceso por fabricación de bombas y a otro similar por la quema del Congreso, y el discurso del presidente Horacio Cartes que fue tomado como una orden por la Fiscalía, motivaron que el presidente del PLRA, Efraín Alegre, junto a otros parlamentarios, encabecen el pedido de refugio político de Luis Sánchez González, Brian Martínez y Rubén M. Galeano Cáceres (implicados en el caso molotov) y Osvaldo D. Aquino Notario (imputado por los disturbios y la quema del Congreso), en Uruguay. Ante esto la fiscalía activó el pedido de declaración de rebeldía y la orden de captura internacional y extradición. Otro dirigente, Raúl Cáceres, también pidió refugio.
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5.Tras quedar en evidencia por el sometimiento al Poder Ejecutivo, los fiscales Eugenio Ocampos y Aldo Cantero fueron recusados y luego confirmados por la Fiscalía General, pero esa decisión todavía puede ser impugnada ante la Corte. El fiscal que interviene de momento y pidió las capturas internacionales de los dirigentes liberales es Hernán Galeano. Sobre la causa el Ministerio Público activó otra forma de dar a conocer el hecho a los medios de comunicación, que es a través de boletines oficiales de su Dirección de Comunicación. Los representantes fiscales, si bien no lo dicen claramente, intentan que tanto el proceso por la quema del Congreso como el de supuesta fabricación de las bombas molotov en el PLRA, sean conexos.
6.Un informativo de la Fiscalía General del Estado indica que el titular de esa institución, Javier Díaz Verón, expuso a su colega uruguayo Jorge Díaz Almeida, “la situación de los cuatro ciudadanos que solicitaron refugio” en Uruguay. El boletín dice que el funcionario paraguayo mantuvo el diálogo con el fiscal de Corte y procurador general Díaz Almeida, durante un cuarto intermedio de la reunión en la que participaba en Montevideo entre representantes de fiscalías del Mercosur. El texto agrega que las autoridades mencionadas conversaron sobre “los canales de cooperación internacional en materia penal y sobre el caso particular de los refugiados desde la perspectiva jurídica”. Esto se entendería como la búsqueda de la extradición de los imputados.