Dictamen favorable para el desafuero del contralor

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminó ayer con rapidez el pedido de desafuero del contralor Enrique García, imputado por uso de documento de contenido falso referido al caso Ivesur. Los cartistas se mostraron como los más interesados en el desafuero.

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Los diputados cartistas en reunión de la comisión con mucha premura dictaminaron sobre tablas el pedido de desafuero del contralor antes que tenga ingreso oficial en la primera sesión ordinaria realizada ayer tras el reinicio de las actividades legislativas. El dictamen fue firmado por unanimidad de cartistas: Ramón Romero Roa, Clemente Barrios, Cristina Villalba, Bernardo Villalba, Óscar Tuma, Marcial Lezcano y Néstor Ferrer.

Romero Roa, titular del órgano asesor, indicó que incluso no era necesario que el juzgado solicite el pedido de desafuero, atendiendo a que –más allá de la tarea que ejerce– está investigado por un delito común. Mencionó que para evitar que el juzgado tenga alguna dificultad, los miembros de la comisión aprobaron el pedido de desafuero.

El parlamentario declaró que queda en manos de la mesa directiva de la Cámara Baja decidir cuándo incorporar el pedido de desafuero entre los puntos del orden del día.

Romero Roa justificó que no hay antecedentes de que el pedido de desafuero deba tener antes un ingreso oficial para ser tratado por la comisión.

En el caso de los parlamentarios que son requeridos por la justicia para un desafuero, la comisión de Asuntos Constitucionales acostumbra convocar al afectado para que haga su descargo y luego se procede a dictaminar. En el caso del contralor, Romero Roa justifica la premura que tuvieron en el tratamiento, alegando que con el entonces contralor Rubén Velázquez dictaminaron y ese mismo día aprobaron el pedido de juicio político.

“Regalo” a la Corte

A pedido del diputado Julio Javier Ríos (ANR) la Cámara Baja resolvió aplazar por 15 días el proyecto de ley que pretende que la Corte disponga del 100% de los ingresos judiciales. En el 2017 llegaron a US$ 75 millones.

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