La postura de la mayoría de los 12 miembros que integran la citada comisión es que los dos legisladores deben ser desaforados, atendiendo que solamente el Senado debe analizar la forma y el fondo de la cuestión.
El senador del Encuentro Nacional Eduardo Petta, quien no integra oficialmente la Comisión de Asuntos Constitucionales pero colabora (por ser exfiscal) en el análisis de los expedientes, reiteró ayer a los periodistas que solo se deben tener en cuenta algunos requisitos: si hay un fiscal que imputa, hay acta de imputación, hay un juez ordinario, si la Fiscalía comunicó al Legislativo y si remitió todos los antecedentes del caso. “En ambos casos se cumplieron todos estos requisitos, por tanto amerita el desafuero así como se procedió con el senador Víctor Bogado (ANR)”, agregó.
Caso Filizzola
Según la Fiscalía, Filizzola –junto con el ministro del Interior que lo precedió, Rafael Filizzola– habría cometido un daño patrimonial contra el Estado por valor de unos G. 50.000 millones, monto que se le pagó a la firma Proibérica SA, representada por Guillermo José Casado y Álvaro Lasso, quienes están imputados igualmente.
Filizzola y su abogado Jorge Bogarín concurrieron el lunes 24 de marzo al Senado para hacer su descargo.
Imputación a Enzo
Cardozo enfrenta tres procesos ante la justicia por supuestos malos manejos cuando se desempeñaba como ministro de Agricultura de los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco.
En el primero es indagado por el destino de unos G. 68.000 millones que debían haberse destinado a agricultores. En otra causa es investigado por la desaparición de semillas de caña de azúcar por un valor de G. 900 millones y, por último, debe responder por unas adjudicaciones que se realizaron a la ONG “Frente para la pobreza”, en las que el presunto perjuicio al Estado asciende a G. 4.500 millones. En total, el perjuicio que se presume durante su gestión alcanzaría los G. 73.400 millones.
El lunes pasado, Cardozo y sus abogados Carmelo Caballero y José Almada Roig concurrieron al Senado.