El Congreso sancionó la polémica reglamentación el pasado 15 de marzo. En el artículo 3º de la reglamentación establecen que los senadores y diputados solo podrán ser removidos por una mayoría calificada; es decir, en la Cámara de Diputados se requerirá de 53 de 80 votos, mientras que en la Cámara de Senadores 30 de 45 votos.

La Constitución Nacional establece claramente que cuando no se hace distinción en cuanto a la cantidad de votos se recurre al artículo 185: “(...) Salvo los casos en que esta Constitución establece mayorías calificadas, las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos de los miembros presentes”, señala parte de la norma constitucional.

Este punto del articulado no fue objetado por el Ejecutivo a pesar de que la Constitución establece cómo se debe proceder. El Ejecutivo solo vetó parcialmente una frase del articulado que hace referencia al requisito de perder la investidura con una sentencia judicial firme.

El lunes pasado, los diputados colorados por falta de 41 votos no pudieron aceptar el veto parcial del Ejecutivo ya que requerían de esos votos para sancionar la parte no objetada.

El presidente de la Cámara Baja Pedro Alliana (ANR) dijo que en la sesión del miércoles tratarán el veto. Los liberales esperan que no se acepte la parte no objetada y la reglamentación quede en la nada.