El titular de la Dinac explicó ayer que iba a ser “físicamente imposible” acceder a la base de datos que contiene los registros de las aeronaves, ya que supuestamente los documentos fueron lacrados durante el allanamiento que se llevó a cabo el lunes de mañana en la sede de la institución, que funciona en el edificio del Ministerio de Defensa. Además, dijo que prefiere “no interrumpir la investigación fiscal”.

Sin embargo, para muchos este alegato resulta difícil de creer, ya que se trata de simples registros de unas pocas aeronaves, que ayer ya fueron claramente identificadas por los investigadores, pero que los funcionarios de la Dinac sospechosamente mantienen en reserva.

Según la Senad y el Ministerio Público, que además de las oficinas de la Dinac, también allanaron hangares privados de los aeropuertos de Pedro Juan Caballero y de Luque, funcionarios sospechados operaban, por ejemplo, en la clonación de matrículas, para que una máquina pueda volar hasta con cuatro licencias distintas.

También incurrían en la alteración de los planes de vuelo de avionetas que, por ejemplo, declaraban que iban a hacer un vuelo desde Luque hasta Pedro Juan, pero que en realidad iban a Bolivia a traer cocaína.

En otros casos, incluso se dejaba constancia de que determinadas avionetas no habían salido de los hangares, pero en realidad estaban transportando drogas.

Asimismo, la Dinac habilitaba ilegalmente a pilotos sumariados e inscribía como legales avionetas traídas de contrabando desde otros países, como Estados Unidos y Brasil, según los datos.

Igualmente, aeronaves ilegales repintadas accedían a certificados y licencias, expedidos a favor de simples prestanombres, algunos de los cuales serían campesinos o hasta peones de las estancias de los verdaderos dueños de las máquinas.

Las sospechas más fuertes recaen, en este caso, contra por lo menos un centenar de funcionarios que trabajan en las dependencias intervenidas el lunes último, que son la Gerencia de Aeronavegabilidad, la Gerencia de Licencias, la Dirección de Aeropuertos y de la Asesoría Jurídica.

En el mismo sentido, ayer incluso ya fueron apartados dos altos funcionarios de la Dinac: el subdirector de Normas de Vuelo, coronel (SR) Jesús César Ríos Rabello, y el gerente del Registro Aeronáutico Nacional, escribano Joel Amarilla.

El titular de la Dinac mencionó que son los investigadores los que deben determinar el nivel de complicidad de cada uno, para no afectar a inocentes, aunque uno de los cuatro fiscales de la causa, Marcelo Pecci, explicó también ayer que el proceso será como “armar un rompecabezas”, ya que se deben indagar todas las ramificaciones.

El equipo de investigación, encabezado por el ministro de la Senad, Luis Rojas, también se encuentra en la búsqueda de los prestanombres y los verdaderos dueños de las presuntas narcoavionetas.

Anoche, fuentes de la investigación revelaron algunos nombres, como por ejemplo Luciano Sborquia, quien tiene problemas judiciales en Brasil, un tal Pablo César Álvarez, y otro conocido de momento solo con el apellido Vera y el alias de “Chichã”.

Otras máquinas confiscadas figuran a nombre de una empresa denominada Trianón, y la firma “Taxi Aéreo Fortaleza”, con certificado de aeronavegabilidad cancelado por accidente, según lo datos.

El famoso “piti tanque”

Varias de las máquinas contaban con un sistema conocido como “piti tanque”, que permite el reabastecimiento de combustible en pleno vuelo, pero que está prohibido porque no se puede transportar combustible en la cabina.

Generalmente, esta adaptación se hace por las avionetas clandestinas, que operan en el narcotráfico y el contrabando, para que permanezcan en tierra el menor tiempo posible.