Diplomáticos intentaron sancionar y expulsar al Paraguay de la Aladi

Luego de esa proposición, el embajador de Ecuador, Emilio Izquierdo, instó al Comité de Representantes que hiciera algo más que solo un comunicado de rechazo: “La exclusión de Paraguay de la Aladi”.

Ante esta situación, el representante alterno de Paraguay ante la Asociación, el ministro Raúl Cano Ricciardi, reclamó a los citados diplomáticos que expongan las normas jurídicas que amparen sus propuestas de sancionar al Paraguay. Agregó que las peticiones hechas por los embajadores de Perú y Ecuador violan aspectos formales y de fondo, y que atentan contra los principios de la Asociación.

Dicho requerimiento y exposición del representante paraguayo obtuvo como respuesta solo el silencio de sus colegas proponentes de la sanción al país, según expresó una fuente de la Aladi.

Posteriormente, el diplomático ecuatoriano, en su empeño en que se adopte algún tipo de amonestación al Paraguay, pidió que se le excluya a su embajador de la Vicepresidencia del Comité de Representantes, que conforme a la normativa actual le corresponde a nuestro país. Como respuesta, el ministro Cano Ricciardi volvió a exigir la base jurídica de ese reclamo, y de nuevo no obtuvo respuesta, expresó la fuente.

Ante la no presentación de fundamentos jurídicos en la propuesta planteada por el representante de Ecuador, y mediante la moción del embajador de Chile, la elección de autoridades del Comité de Representantes quedó en cuarto intermedio (en 15 días habrá otra reunión), y la legación de Paraguay mantiene su condición de Vicepresidente de esa corporación.

Hamed nada dijo

Durante toda la reunión, el representante alterno de Paraguay fue el único que usó la palabra en defensa del país, pese a que estaba a su lado en todo momento el embajador Alejandro Hamed, destacó nuestra fuente.

Mediante la intervención de Cano Ricciardi se impidió que se tomara alguna sanción contra Paraguay, y permitió que siga en la Vicepresidencia del Comité.

La propuesta de Perú fue apoyada por Cuba, Bolivia y Venezuela. Los demás países acordaron que esto se estudie en sus respectivas cancillerías.