Los fiscales de Delitos Económicos Victoria Acuña y José dos Santos presentarán el tercer urgimiento a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para que se destrabe la causa por cobro indebido de honorarios del parlamentario.

Además de Ibáñez, están acusados su esposa Lorena Plabst, los “caseros” Favio y Éver Gómez, y Viviana Patricia Falcón, y María Liz Gutiérrez, exjefa de gabinete del diputado colorado.

Justamente Gutiérrez fue la que presentó una apelación totalmente improcedente en esta causa y logró que se trabe la audiencia preliminar hace un año.

La mujer apeló una resolución por la cual el juez penal de garantías, Miguel Tadeo Fernández en “consulta” a la Corte, para saber si se suspendía o no la tramitación del juicio mientras se estudia recurso de casación presentado por la misma procesada.

Para llegar a ese a la Corte con ese recurso de casación, la referida procesada cuestionó la fijación de la audiencia preliminar ante el juez interviniente y ante su negativa apeló el rechazo que hizo la Cámara de Apelaciones.

Paralelamente, Gutiérrez recusó a los camaristas Bibiana Benítez, Emiliano Rolón y Antonia López, lo que está pendiente también de estudio.

Ante los sucesivos actos dilatorios, el Ministerio Público pidió que Gutiérrez sea multada por litigante de mala fe y abuso del derecho, pero hasta ahora no se le impone sanción.

Mientras tanto, corren los plazos y la Sala Penal de la Corte ni siquiera está integrada porque solo aceptaron intervenir los ministros Myriam Peña y Luis María Benítez Riera. Falta un tercer miembro.

Los ministros que se inhibieron fueron José Raúl Torres Kirmser, Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica, Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y César Garay. Actualmente, el expediente llegó a la Sala Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones, en busca del tercer integrante.

Ibáñez y su esposa Lorena Plabst se encuentran acusados por cobrar parte del salario de sus caseros, a quienes se les hizo figurar como funcionarios de la Cámara de Diputados.

De acuerdo al escrito del Ministerio Público, los cuidadores de la quinta del parlamentario tenían un salario de G. 2.500.000 cada uno, pero el diputado y su esposa solo les entregaban una parte de sus salarios y se quedaban con la diferencia.

El caso es por estafa y cobro indebido de honorarios.