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17 de Marzo de 2019

| al igual que José maría Ibáñez (ANR, Añetete) nombró a sus “caseros” en la Cámara baja

Diputado Rivas está a punto de ser sometido a la justicia

Luego de nueve meses de estar parado, el proceso de los “caseros de oro” del imputado diputado Tomás Rivas (ANR, cartista) se va destrabando lentamente en la Corte. Todo parece indicar que será sometido a la justicia.

Este caso se inició luego que se descubriera que el diputado Tomas “Éver” Rivas hizo nombrar a Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, como funcionarios de la Cámara de Diputados, pero en realidad eran sus “caseros” en una residencia que el parlamentario tiene en Paraguarí.

El fiscal Luis Piñánez, el 20 de mayo del año pasado, imputó a Rivas y a los caseros. El entonces juez Rubén Riquelme aceptó la imputación contra los caseros y en el caso de Rivas envió los antecedentes a la Cámara de Diputados, para que traten el desafuero de su colega.

Sin embargo, el diputado Rivas apeló la resolución del magistrado y el caso fue al Tribunal de Alzada, donde se recusó a los camaristas Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias.

Blindaje

Cuando llegó el pedido de desafuero, los diputados, para blindar a su colega, decidieron no tratar el pedido de la justicia hasta que se resuelvan todos los incidentes en la justicia ordinaria.

La semana pasada, la Sala Penal de la Corte resolvió dos incidentes en este proceso, el primero que guardaba relación a la recusación que se planteó contra el ministro Luis María Benítez Riera y luego contra el fiscal Luis Piñánez, siendo rechazadas ambas y se los confirmó en el caso.

Ahora la Sala Penal debe resolver las recusaciones de los camaristas Carlos Ortiz Barrios y Arnulfo Arias, para que se integre la Cámara de Apelación que tiene que tratar el último incidente que es el de la apelación del pedido de desafuero. Luego de esto el caso debe volver al juez del caso para que se prosiga con los trámites que están pendientes.

El único beneficiado con todas estas chicanas es el imputado diputado Tomás Rivas, ya que sus tres caseros ya están acusados.

La fiscala de Delitos Económicos Yolanda Portillo fue la que acusó a los caseros debido a que su colega Piñánez estaba recusado y la agente concluyó que Reinaldo Chaparro Penayo cobró indebidamente G. 17.854.160, de julio de 2016 a enero de 2017. Tenía un salario de G. 2.000.000.

En el mismo periodo, Lucio Romero Caballero cobró G. 17.791.660 con el mismo ingreso (G. 2.000.000).

En tanto que Nery Antonio Franco González, en el mismo tiempo, percibió G. 24.000.000, con un salario de G. 3.000.000.

Yolanda Portillo señala que cometieron estafa y cobro indebido de honorarios.

En el caso de diputado Rivas, gracias a las chicanas y la ayuda de sus colegas, todavía no se aceptó la imputación en su contra.

Caso calcado al de Ibáñez

El entonces diputado José María Ibáñez (ANR, Añetete) también fue procesado por haber nombrado a tres de sus “caseros” en la Cámara de Diputados y que finalmente trabajaban en una de sus casas en Areguá. El caso es calcado al que se dio con el diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), quien ahora a base de chicanas frena la investigación.

En el caso de Ibáñez, se tenían todas las pruebas para elevar el caso a juicio oral, incluso el mismo acusado confesó haber utilizado dinero público para pagar a sus tres “caseros”, a los que hizo figurar como funcionarios de Diputados y a los que incluso les sacaba parte del sueldo, pero recibió la ayuda de la fiscala Victoria Acuña, quien lo blanqueó en la audiencia preliminar al aceptar que el acusado haga una ínfima donación para no ir a juicio.

 
 

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