El proyecto, tratado y aprobado a medias, busca ampliar el alcance de Ley vigente de Financiamiento Político (Ley 4743/12), la cual se aplica exclusivamente para el control del origen de los fondos privados y gastos realizados en las elecciones generales.
Según los expertos, ampliar el alcance a los comicios internos es urgente atendiendo a que en esas elecciones es cuando más dinero de origen ilegal o producto del narcotráfico se mueve libremente en el ambiente.
Con 27 votos, dieron su aceptación en general y postergaron su estudio en particular por una semana casi todos los diputados del PLRA, Avanza País, Encuentro Nacional (PEN), la independiente Olga Ferreira y dos colorados, la cartista Perla de Vázquez y el disidente Dany Durand (ver la infografía).
Por otro lado, los colorados, casi todos cartistas y algunos disidentes junto al liberal Antonio Buzarquis, proponían aprobar la ley y postergar su estudio punto por punto durante 30 días.
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Esto era un intento de dilación, ya que la fecha límite para que lo aprueben el Senado y el Ejecutivo es el 21 de agosto, de lo contrario, no se aplicará en las internas simultáneas previstas para el 17 de diciembre próximo.
Nuevos controles
El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ramón Romero Roa (ANR), señaló que el proyecto plantea que los tribunales partidarios remitan informes de los aportantes al Tribunal Superior de Justicia Electoral y a la Subsecretaría de Tributación (SET). La Seprelad y la Contraloría no están incluidas, pero el legislador expresó que la Constitución avala la participación de la última.
Cartistas fustigaron el texto
El titular de la Comisión de Legislación, Bernardo Villalba (ANR), conocido por ser financiado por el narcotraficante Carlos Antonio Caballero, alias Capilo, despotricó contra el proyecto.
El legislador afirmó que el texto solo imposibilitará con burocracia los donativos legales e incentivará los aportes ilegales. Finalmente, planteó aprobar el proyecto en general y en particular en 30 días.
Los diputados liberales proyectistas Jorge Ávalos Mariño y Amado Florentín reconocieron que el plan de ley “no es perfecto” y que urgen numerosas modificaciones para que cumpla su objetivo. Tras varias intervenciones, se decidió aprobarlo en una semana.
El texto, aunque establece requisitos, plazos y límites a los precandidatos, no prevé un órgano de control ni en las internas ni en las generales. Ignora la revisión detenida de los documentos que presentarán los candidatos.