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El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, sobre el proyecto que busca reglamentar el procedimiento para la implementación de la pérdida de investidura, será clave para determinar la expulsión o no del diputado liberal Portillo. Esta semana nuevamente será salvado.
La propuesta de reglamentación interna presentada por la bancada de Patria Querida figura como cuarto punto del orden del día de la comisión de Asuntos Constitucionales, cuya reunión esta prevista esta mañana a las 09:30.
Este reglamento, que incluye la comunicación, el derecho a la defensa y la votación, entre otros puntos, se debe aprobar luego en plenaria y será determinante para que se inicie la aplicación del mecanismo al diputado liberal. Con la medida buscan dilatar el pedido contra su colega.
El pedido de expulsión de Portillo fue presentado la semana pasada por diputados de las bancadas de Patria Querida, Encuentro Nacional, Bancada “C” del PLRA y Cruzada Nacional.
Portillo se reunió ayer por más de dos horas con los líderes de las distintas bancadas a quienes explicó su caso en el que se le involucra en un supuesto pedido de coima de US$ 3.000 a cambio de lograr una sentencia favorable de la justicia.
La líder de bancada de Añetete, Jazmín Narváez, fue vocera de la reunión en la que no se permitió tener una gráfica. Indicó que la ley derogada de autoblindaje era un reglamento que tenía rango constitucional que “llenaba” una laguna en la Constitución en cuanto a cuál es el órgano competente para tratar la pérdida de investidura.
Mencionó que se instaló una mesa de trabajo en la comisión de Asuntos Constitucionales que elaborará hoy una reglamentación para tener un procedimiento que se enmarque dentro de las garantías constitucionales en ambas cámaras del Congreso para parlamentarios sujetos a sospechas o procesos penales.
Narváez dijo que la intención es llevar al pleno de la Cámara la discusión para que todos los sectores puedan manifestarse. Añadió que quieren realizar consultas con juristas para nutrirse y tener un mecanismo para todos los casos que se presenten.
La diputada dijo que sin el reglamento existe una laguna de la ley porque no se establece quien debe tratar. A su parecer corresponde a la Justicia Electoral. “Queremos hacer algo serio que se pueda sostener y que tenga la confianza de la gente y un mecanismo”, indicó.
Mencionó que las actividades legislativas están paralizadas por cuestiones políticas. “A los colegas les urge tratar esto y queremos trabajar y dar vuelta la página, pero también queremos solucionar en el sentido de tener un mecanismo”, indicó al negar que busquen dilatar la expulsión de su colega.