Ningún diputado se animó a plantear el retiro de la inmunidad del diputado imputado por cuatro delitos entre ellos: cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Rivas está imputado porque hizo figurar a tres de sus empleados particulares como funcionarios de la Cámara Baja. Se tratan de: Nery Antonio Franco González, Reinaldo Chaparro Penayo y Lucio Romero Caballero todos cobraban salarios del Estado, pero en realidad cumplían tareas domésticas para el legislador de Paraguarí.
El parlamentario que fue reelecto por segunda vez, para evitar que sus colegas le despojen de sus fueros apeló su pedido de desafuero, cuando la comisión de Asuntos Constitucionales en el periodo pasado estaba a un paso de emitir dictamen para que se proceda a su desafuero. Lo anecdótico es que no existen registros en Diputados de que algún legislador haya utilizado dicha maniobra para evitar su desafuero.
Se destrabó
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Tras ocho meses de trabas en la Corte Suprema de Justicia, la Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas Carlos Ortiz Barrios, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias, la semana pasada confirmó que se debe realizar la comunicación a la Cámara Baja del pedido de desafuero del diputado Tomás Rivas, dispuesta por el entonces juez penal de garantías Rubén Ayala Brun a pedido del Ministerio Público.
El diputado Ramón Romero Roa (ANR), expresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, había declarado que no hacía falta aguardar una comunicación del juzgado, teniendo en cuenta la confirmación del Tribunal de Apelación y que el diputado ya se habrá dado por notificado.
Reforzó su tesis señalando que finalmente el pleno tiene la potestad para retirarle la inmunidad porque se considera que no le pertenece al diputado sino al pleno.
El caso es calcado al de José Ibáñez
El diputado colorado cartista por Paraguarí Éver Rivas (imputado) tiene un caso calcado al de su excolega José María Ibáñez (ANR, Añetete). Utilizó el mismo mecanismo de supuesta estafa al Estado para hacer figurar a sus tres caseros como funcionarios de la Cámara Baja.
La diferencia es que Ibáñez si bien inicialmente fue salvado por sus colegas archivándose su pedido de pérdida de investidura, la presión ciudadana luego de varios días de escrache forzó a que renunciara al cargo. En ese entonces se salvó Tomás Rivas (ANR, cartista) porque había apelado su desafuero.