Los privilegiados funcionarios no tienen la obligación de asistir a la institución ni de informar sobre la producción del trabajo que realizan para la oficina del diputado o la comisión a la que fueron designados. Firman un contrato anual y perciben salarios que van de G. 2.500.000 a G. 6.500.000. La asesoría externa está plenamente avalada por la Función Pública.

El diputado Juan Bartolomé Ramírez (PLRA) es el legislador que cuenta con más “asesores externos”, entre los cuales se encuentran Emilio Camacho y Carlos Galiano, ambos denunciados recientemente por el abogado Felino Amarilla porque litigan en forma particular en un caso de mensura judicial en Pedro Juan Caballero donde el diputado Ramírez tendría un fuerte interés.

Solo en los asesores externos del diputado “Ancho”, la Cámara Baja, con dinero público, gasta G. 23 millones. En los asesores del diputado Concepción Quintana (ANR), G. 19.400.000; en los asesores del diputado Dionisio Amarilla (PLRA), G. 18.500.000; en los asesores del diputado Celso Troche (ANR), G. 13.400.000; en los asesores del diputado José “Pakova” Ledesma (PLRA), G. 15.100.000.

La lista continúa con el diputado liberal y rector de la Universidad de Pilar (UNP) Víctor Ríos, en cuyos asesores externos se gastan G. 21.600.000.

En asesores del imputado Óscar Núñez (ANR), Diputados gasta G. 25.600.000. Mientras que en el diputado Sergio Rojas (PLRA), G. 18.500.000, y, por último, se gasta en los asesores del diputado Asa Javier González (PLRA) G. 17.400.000.