La sesión ordinaria se inicia a las 14:00, pero el proyecto de ley en cuestión figura en el séptimo punto del orden del día bajo el nombre de declaración de área silvestre protegida. Los diputados precisan de mayoría absoluta de dos tercios (53 votos de un total de 80) para rechazar la idea de un área silvestre y en consecuencia dar luz verde para la construcción de viviendas sociales.
La ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), Soledad Núñez, pidió públicamente que el predio del RC4 no sea declarado como área silvestre para que en el lugar se puedan construir las 1.000 viviendas que servirán a personas que viven amenazadas por la inundación.
Dijo que el movimiento de suelo que actualmente se realiza en el predio no es irreversible y agregó que se recuperará el espacio de siete hectáreas que dejarán las familias que –se pretende– sean trasladadas al nuevo barrio denominado San Francisco.
Sostuvo que el terreno inundable, donde hoy están asentados los pobladores del sector conocido como “Refugio”, se constituirá en un “espacio verde de amortiguación” en época de crecida. La ministra dijo además que también se evitará que la basura domiciliaria, que se arroja al cauce, se estanque en el humedal.
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En visita a ABC Color, Verónica Busto, del Frente Político Ambiental (Frepa), y Silvia Páez denunciaron que la Senavitat realiza ilegalmente trabajo de desmonte y movimiento de suelo, sin ser propietaria del inmueble, que pertenece al Ministerio de Defensa y nunca se aprobó ninguna expropiación.
Indicaron que el valor del predio rondaría los US$ 1 millón por hectárea. Igualmente, dijeron que la Senavitat no tiene plan de financiación.
