La propuesta legislativa aprobada por mayoría modifica las leyes 1682/2001 y 1969/2002, que reglamentan las informaciones de carácter privado. A la fecha, dichas leyes son conocidas como “ley de Informconf”, aunque otras firmas también prestan el servicio como Criterion y Equifax. La propuesta ahora pasa al Senado.
Dicho servicio privado es tildado de impedir a miles de paraguayos el acceso al empleo o a créditos bancarios por simple acumulación de “consultas”.
El texto fue presentado por el diputado Hugo Ramírez (ANR, cartista). La modificación busca que la consulta a Informconf sea expresamente autorizada por el afectado, por escrito y, para cada caso en particular.
Este fue el punto más debatido en la sesión de ayer por los legisladores que estaban en contra de la iniciativa como Juan Carlos Ozorio (ANR, samanieguista), titular con permiso de la Cooperativa San Cristóbal, y Sebastián García (PPQ), de la Comisión De Tecnología de la Cámara Baja y empresario del mismo rubro. El proyecto de Ramírez además prohíbe publicar deudas menores a G. 500.000.
El proyecto también prevé una penalidad con multas que van de 50 a 100 jornales mínimos (de G. 4.050.000 a G. 8.100.000), que va a ir para el afectado, en caso de que se haya realizado la consulta sin la autorización.
El debate generó un cruce entre los colorados Ramírez y Ozorio. El primero acusó a su colega de hablar como titular con permiso de una cooperativa y el segundo le respondió que su proyecto solo buscaba congraciarse con los votos “populares”. En su descargo, Ozorio insistió en que el proyecto afectaría el comercio formal y el acceso al derecho constitucional a recibir “información veraz”. García pidió aprobar el texto pero con las modificaciones planteadas por la comisión legislativa que preside. Advirtió que al limitar los reportes crediticios formales, las actividades comerciales recurrirán a los datos informales. Dijo que aunque Informconf sea “el malo de la película”, es un canal legal. Subrayó que el problema real es la compra de bases de datos.