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El juicio político al imputado contralor García, iniciado con la aprobación de la acusación en la Cámara de Diputados en marzo de 2018, proseguirá hoy en la sesión extra convocada para el efecto por el presidente Silvio Ovelar (ANR, Añetete).
Los diputados Ramón Romero Roa (ANR, samanieguista), Celeste Amarilla (PLRA, efrainista) y Hernán David Rivas (ANR, HC) expondrán esta mañana los cargos que pesan sobre el contralor.
La acusación aprobada en la Cámara Baja señala que el comportamiento del contralor general demuestra un serio desprecio por el resguardo de los intereses públicos confiados a su custodia, una desviación del poder y menoscaba el prestigio de las instituciones que integran el sistema democrático.
Destaca que no se pretende investigar ni juzgar la comisión de un delito o falta por parte de García, sino evaluar la idoneidad ética para desempeñar el alto cargo.
La acusación hace referencia a que el fiscal Leonardi Guerrero imputó a García por el uso de documentos no auténticos cuando se desempeñaba como asesor jurídico de la municipalidad de Asunción, en octubre de 2016. Lo hizo, supuestamente, para justificar la no apelación ante el Poder Judicial de un fallo arbitral que condenó a la municipalidad de Asunción a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur en concepto de indemnización.
La defensa de García sostiene que no se produjo ningún perjuicio a la comuna capitalina ya que Ivesur renunció al cobro del millonario monto para seguir su contrato con la Municipalidad de Asunción, para seguir realizando la verificación técnica vehicular. Es decir, que la firma usó la sentencia condenatoria para obligar a la Comuna a que continúe el contrato.
Por otro lado, los abogados Juan Ernesto Villamayor y Sergio Coscia, quienes fueron abogados de Ivesur, ahora impulsan la ejecución de la sentencia del Tribunal Arbitral que condenó a Asunción pagarles G. 4.000 millones en concepto de honorarios profesionales.
Los otros hechos punibles nuevos atribuidos a García son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
La fiscalía abrió una investigación penal al contralor con base en un informe de Seprelad que resalta que el mismo no puede justificar el origen de más unos G. 2.500 millones depositados en los bancos en los últimos cinco años. Ya siendo contralor, en agosto de 2017, depositó unos G. 958 millones en sus cuentas cuando su salario no llegaba a los G. 25 millones. Por este caso, García continúa actualmente investigado.
La defensa del contralor, ejercida por el equipo jurídico encabezado por Álvaro Arias, tendrá casi un mes para evaluar la estrategia en este juicio político.
Para aprobar la condena y destitución es necesaria una mayoría absoluta de dos tercios, es decir 30 votos nominales.