El diputado por el departamento de Alto Paraná está imputado por un supuesto pedido de coima de US$ 3.000 a cambio de una resolución judicial para la contadora Auda Fleitas. La Fiscalía lo investiga por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal. 

El Partido Patria Querida planteaba un plazo de tres días hábiles para que el diputado Portillo pueda ejercer su derecho a la defensa. Sin embargo, diputados de la ANR y el PLRA, encabezados por Derlis Maidana y Rodrigo Blanco maniobraron y aprobaron la creación de una comisión especial que se encargue de elaborar un proyecto de reglamentación para aplicar la pérdida de investidura.

Casi 15 días después de que se haya aprobado la intención, los miembros de la comisión y los juristas invitados “coincidieron” en que la ley no podría tener efecto retroactivo, ya que el pedido de expulsión de Portillo se presentó hace más de un mes. 

Los diputados no se animan a expulsar a Portillo porque existe un pacto de impunidad para salvar al diputado Tomás Rivas (ANR, cartista), imputado por estafa y otros delitos por el caso caseros de oro. Su caso es calcado al del exdiputado José M. Ibáñez (ANR). También está en la mira el diputado Carlos Núñez Salinas (ANR), quien fue blanqueado por la Corte pese a reconocer que cometió contrabando.