Diputados pedirán una opinión a Hacienda sobre la ley de armas

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El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, miembro de la comisión de Legislación, confirmó ayer que pedirán en la próxima sesión la vuelta a comisión del proyecto de modificación de la ley de armas, para solicitar una opinión al Ministerio de Hacienda sobre los artículos que tendrán un impacto presupuestario, como establece la ley de responsabilidad fiscal.

El proyecto que modifica la Ley 4036/10, de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, figurará en el orden del día de la sesión del jueves de la Cámara Baja para su estudio. Sin embargo, el diputado Ávalos Mariño adelantó que pedirán que sea devuelto a comisión, porque es imprescindible un dictamen previo del Ministerio de Hacienda.

La Ley 5098/13, de responsabilidad fiscal, dispone que cualquier proyecto de ley que tenga un impacto en el presupuesto general de gastos deberá ser consultado a Hacienda, previamente a su estudio.

El proyecto que está a consideración de la Cámara de Diputados, en su artículo 5, crea el Departamento de Registro Nacional de armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines.

En tanto, el artículo 6 crea el Departamento de Portación de armas de fuego y el artículo 8 el Departamento Centro Nacional de Rastreo de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos (Cenara).

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Dichos organismos deberán contar con una partida presupuestaria, por lo cual Hacienda deberá opinar al respecto.

Aprobado

El proyecto, presentado por los diputados colorados Miguel Ángel del Puerto y José María Ibáñez, ya fue aprobado en general en sesión de la Cámara y solo restaría el estudio en particular de los artículos. Ávalos Mariño advirtió que aprobar el proyecto sin el dictamen de Hacienda violaría la ley de responsabilidad fiscal.

Las modificaciones a la ley de armas se impulsaron después del escándalo que estalló el mes pasado, con el hallazgo de poderoso arsenal privado en Asunción y Ciudad del Este, que dejaron en evidencia la falta de control y de reglamentaciones adecuadas.

No obstante, el proyecto motiva fuertes polémicas, ya que algunas de sus disposiciones proponen bajar de 20 a 18 la edad en la que se permite la portación de armas a las personas.

Igualmente, la normativa aumenta de dos a cinco la cantidad de armas que pueden tener en su poder las personas.