La Cámara de Diputados define en la fecha si aprobará un mecanismo para “garantizar el debido proceso” a sus colegas procesados y en especial al liberal efrainista Carlos Portillo, imputado por un supuesto pedido de coima de US$ 3.000 a cambio de lograr una sentencia favorable de la justicia para Auda Fleitas.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), presidenta interina de la comisión de Asuntos Constitucionales, planteará en mociones sobre tablas dos dictámenes: 1. La aprobación del reglamento presentado por la bancada de Patria Querida y 2. la postura que propone la creación de una comisión especial o una bicameral convocando a juristas, propuesta mencionada por el diputado Rodrigo Blanco (PLRA, efrainista).

Los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales incluso hablaron de dar competencia a la Justicia Electoral, para que intervenga en el proceso de expulsión de los parlamentarios.

Por un lado, se plantea incluir una reglamentación al reglamento interno de la Cámara Baja y por el otro lado, el grupo que plantea crear una comisión bicameral considera que se debe reglamentar el procedimiento a través de un proyecto de ley. Además de Vallejo, están a favor de la propuesta del PQ los diputados: Walter Harms (ANR, cartista), Jorge Ávalos Mariño (PLRA, efrainista), Ramón Romero Roa (ANR, independiente) y Kattya González (PEN).

Mientras tanto están a favor de dilatar la expulsión de Portillo además de Blanco, Cristina Villalba (ANR, cartista), Julio Mineur (PLRA, llanista), Manuel Trinidad (PLRA) y Eusebio Alvarenga (PLRA, efrainista).

Si se llega a aprobar la reglamentación del PQ, Portillo será notificado en un plazo de tres días para que se convoque una sesión extraordinaria y el afectado pueda ejercer su derecho a la defensa.