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La Cámara Baja aprobó la derogación de la Ley Nº 4669/12, más conocida como “Ley Guastella”, normativa que pretendía ser “antimora” en el cuestionado sistema judicial pero que al final se volvió un peligro porque extinguía los procesos penales sin concluir, en tres años. La infame normativa fue bautizada con el citado nombre porque su proyectista fue el entonces senador oviedista Abel Guastella (Unace).
De esta manera, queda vigente la “Ley Camacho”, que prorroga el plazo límite a cuatro años (el proyecto fue del entonces senador Emilio Camacho, del PEN).
El texto de la aprobación, con modificaciones, fue remitido a la Cámara de Senadores para su revisión. Al inicio del debate, la diputada Rocío Vallejo (PPQ-Central), exfiscala anticorrupción, dijo que la plenaria debía decidir si vota por la impunidad o por el proceso penal.
Recordó que el Código Penal entró en vigencia hace 20 años y establecía una duración de tres años en los procesos. “Resultó que para casos complejos, el plazo de tres años era insuficiente, con lo cual se extinguían las causas por las estrategias procesales planteadas por las defensas y otras veces, por la morosidad en el sistema judicial”, explicó.
El diputado Roberto Acevedo (PLRA-Amambay), expresidente del Senado, recordó que ya en el 2016, la Cámara Alta intentó derogar esta ley, pero no prosperó.