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El vocero de la Comisión de Industria y Comercio Óscar González Drákeford (PLRA) explicó que el proyecto de ley fue socializado con la Conatel y con otros sectores y de ahí surgió la idea de eliminar las sanciones económicas que se establecían a las empresas que incumplían con los requisitos para la activación de las líneas telefónicas.
El proyecto de ley pasa nuevamente a consideración del Senado, donde se habían introducido las sanciones de 100 y 1.000 salarios mínimos mensuales para las empresas en falta.
La norma propone como exigencia para acceder al servicio de activación de líneas la presentación de la cédula de identidad, completar un formulario en el cual deben contener los datos personales, la firma e impresión dactilar del solicitante y del agente de venta. La Conatel determinará otros requerimientos en la contratación del servicio.
Los titulares de la licencia para la prestación del servicio de telefonía antes de proceder a la activación deberán controlar el cumplimiento de los requisitos. También están obligados a registrar las ventas y activaciones, así como conservar las mismas por el plazo mínimo de un año posterior a la cancelación del servicio.
Si bien no se establecen sanciones, el proyecto de ley propone que la Conatel determinará las sanciones administrativas que correspondan, conforme a lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones. Las empresas están obligadas a cancelar las líneas de los titulares que no cumplan con los requisitos.