Diputados cartistas ya se habían retirado durante el tratamiento de otro proyecto de ley. Sin embargo, un grupo de diputados llanistas al momento del tratamiento de la polémica concesión decidieron abandonar la sesión con la intención de que el proyecto tenga sanción automática y sea remitido al Ejecutivo.
Según las denuncias se usurpó la concesión a inversionistas canadienses con la intención de que el entorno del expresidente Horacio Cartes obtenga la regularización de explotación. Estaban involucrados en el despojo de la mina de oro Eduardo Heisecke, socio de Juan Carlos López Moreira, exasesor de Cartes y la abogada Ana Mora.
En el 2016, a los inversores extranjeros les quitaron su veta por supuesto atraso de US$ 600 en el canon. El expresidente había firmado decretos para traspasar concesión a un exfuncionario del MOPC, Gerónimo Finestra Romero.
En busca de lograr su regularización por ley, el 7 de junio el Senado le dio sigilosamente media sanción con la aprobación de los cartistas Víctor Bogado (acusado), Gustavo “Pipo” Alfonso y Derlis Osorio.
Publicaciones del diario ABC Color revelaron los aprietes y amenazas que sufrieron los inversores extranjeros que eran propietarios de la empresa.
La comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados dictaminó en mayoría rechazar el despojo de la mina en Paso Yobái (Guairá). Les llamó la atención los montos que se debían pagar anualmente por la explotación de las 1.047 hectáreas, cerca de US$ 15.024, según el proyecto de concesión.
También habían cuestionado los ínfimos montos que se pagarían anualmente por la explotación de esas tierras con relación a la cantidad de tierras que se daba. No tenían antecedentes de cómo fue la elección de Finestra Romero para que lleve adelante la explotación en el departamento Guairá.
La vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Rocío Vallejo (PPQ), argumento el dictamen de rechazo al proyecto considerando la preexistencia de un contrato en la misma zona donde el Estado ha suscripto y aprobado por ley 1708 del 2001. Mencionó que el decreto del Poder Ejecutivo tiene un rango inferior superponiéndose a la prelación de normas jurídicas.