El artículo 165 de la Constitución Nacional señala que las gobernaciones y las municipalidades podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Cámara de Diputados. Para aprobar o rechazar la revisión de la gestión del jefe comunal de Lambaré se requieren de 41 votos, cantidad que el cartismo tiene de sobra.
El 17 de agosto último, la Junta Municipal aprobó una intervención al municipio, por una serie de irregularidades denunciadas por seis concejales de la ANR y por el concejal Daniel Molinas del PLRA.
El pedido de intervención requerido por la Junta Municipal hace referencia a 15 puntos, entre los cuales se destacan la presunta sobrefacturación en la obra del puente sobre la avenida Vencedores del Chaco, el incumplimiento del contrato colectivo de condiciones de trabajo y la presentación extemporánea de la ejecución presupuestaria del 2015.
Gómez, en su defensa afirmó que el pedido de intervención es un “chantaje” que pretende ser utilizado para procesar a correligionarios suyos.
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La Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) halló una serie de irregularidades en la licitación por la cual la Municipalidad concedió a la empresa Clase A el recalce de un puente sobre Vencedores del Chaco. Hubo procesos que no se comunicaron.
Moneda de cambio
Según fuentes del PLRA, el cartismo operó fuertemente con los senadores liberales para evitar que otorguen los votos para archivar el pedido de enmienda constitucional que permitiría la reelección del presidente Horacio Cartes. Como moneda de cambio ofrecieron “solucionar” la intervención de la gestión de Gómez. El oficialismo pedía 7 votos, precisamente los que hizo falta para que el plan de enmienda prospere.