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El estudio del veto del Poder Ejecutivo a la ampliación presupuestaria de G. 13.000 millones para el 2018, fue planteado ayer de manera sorpresiva en el espacio de tratamientos sobre tablas por el diputado Sergio Rojas (PLRA, llanista).
La diputada Rocío Vallejo (PPQ), sorprendida por el pedido, consultó al presidente de la Cámara, diputado Miguel Cuevas (ANR, Añetete), si un proyecto presupuestario podía ser tratado sobre tablas, o si hacerlo sería contra lo establecido en el reglamento interno. Cuevas respondió que eso era posible porque se trataba de un veto del Ejecutivo.
Entonces, diputados abdistas, cartistas y varios liberales votaron a favor de rifar las arcas públicas y otorgar G. 13.000 millones a la Contraloría, dirigida por Enrique García, contra quien hay un pedido de juicio político, pendiente de tratamiento, en la Cámara de Senadores.
El decreto del Ejecutivo menciona que la creación de los cargos en el citado organismo de control será por dos meses y que de aprobarse la ampliación presupuestaria se requerirá de al menos G. 11.242 millones para el Ejercicio Fiscal 2019.
El presidente Mario Abdo Benítez, en su decreto de veto advirtió sobre el impacto que tendría la ampliación, de producirse, para el Estado en el 2019, considerando que la propuesta podría hacer sobrepasar el tope establecido para el déficit fiscal.
El decreto presidencial incluso destacó que en el 2013-2018 la Contraloría recibió para aumentos salariales de sus funcionarios por más de G. 40.000 millones, logrando un incremento de más del 50% en el rubro correspondiente a servicios personales.
También se menciona en el documento que la institución de control prevé duplicar los cargos de nivel gerencial, cuando durante los últimos años la cantidad de cargos creció el 100%.
Abdo también puso como argumento el hecho de que los operarios de la Contraloría siguen trabajando 6 horas diarias cuando que los demás empleados públicos y del sector privado trabajan 8 horas.
Los fundamentos del Poder Ejecutivo no fueron suficientes para convencer a los diputados que pertenecen al mismo movimiento político de Abdo Benítez para votar en contra de la millonaria suba presupuestaria.
El documento pasa al Senado y todo indica que los senadores se ratificarán y que la ampliación será ley. Esto sucede pese a que los hospitales y escuelas estatales están deteriorados.
Juicio político pendiente
El contralor general Enrique García fue acusado en marzo del 2018 por la Cámara de Diputados. El tratamiento de ese juicio político está pendiente en el Senado. La defensa del contralor logró anular el proceso con relación al caso de un millonario pago que realizó la municipalidad de Asunción, gracias a un fallo en la Cámara de Apelaciones que determinó que para ser pasible de un proceso penal, debe ser desaforado mediante un juicio político. El juicio político nunca prosperó en el Congreso Nacional y por eso no afronta esta causa.