Con el voto en solitario en contra, del representante de Frente Guasu, Ramón Duarte, la Cámara de Diputados sancionó ayer la ley de responsabilidad fiscal.
La normativa, según explicó en plenaria el presidente de la comisión de Presupuesto, Mario Cáceres (ANR), apunta a la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
La meta es tener resultado fiscal que no cauce efectos negativos sobre la estabilidad macroeconómica preservando el equilibrio entre los ingresos y gastos públicos.
El legislador explicó que la normativa permitirán dar previsibilidad tanto a los ingresos como al gasto público.
Destacó que consta de tres elementos centrales para los tres poderes del Estado. El primero es que el déficit fiscal anual de la Administración central, incluidas las transferencias, no serán mayor al 1,5% del PIB estimado para dicho año fiscal.
En segundo término, el incremento anual del gasto corriente primario del sector público no podrá exceder la tasa interanual más del 4%. Y finalmente no se podrá incorporar incrementos salariales, excepto cuando se produzca un aumento en el salario vital mínimo.
Otra regla que incorpora el proyecto es la imposibilidad de incrementar la estimación de ingresos del proyecto de presupuesto de la nación al momento de su estudio.
Se establece que en casos de declaración de Emergencia Nacional, crisis internacional que puedan afectar seriamente la economía nacional, o una caída de la actividad económica interna, el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo podrá suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de las reglas relacionadas con el déficit fiscal y los gastos corrientes del sector público.
El proyecto pone además un límite a la ejecución de gastos corrientes en años electorales, que no deberá sobrepasar el 60% presupuestado para el ejercicio de enero a junio.
El diputado Amado Florentín (PLRA) dijo que será necesario un pacto político Ejecutivo-Legislativo, cuando entre en vigencia la normativa. Mientras Antonio Buzarquis (PLRA) dijo que al establecer por ley que el Congreso no podrá legislar sobre el presupuesto es admitir que la clase política ha fracasado.