Las propuestas legislativas pretenden reglamentar el artículo N° 118 de la Constitución Nacional y establecer sanciones a quienes no cumplan con la obligación de sufragar en elecciones.

Los proyectos ya fueron considerados en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja y llegaron a figurar en el orden del día de las últimas sesiones de este año. Sin embargo, sus análisis se postergaron repetidamente con diversos argumentos, motivo por el cual pasaron para el 2016.

Las multas

Dos de los proyectos en estudio, presentados por los diputados liberales Antonio Buzarquis y Sergio Rojas, respectivamente, establecen multas a los que no votan sin justificar.

El plan de Buzarquis propone multa de 10 jornales mínimos (unos G. 700.000), prohibición de ejercer cargos públicos y de ser candidato por dos años y medio. El planteamiento de Rojas es cinco jornales mínimos de multa (G. 350.000) y no poder tramitar documentos personales, como cédula de identidad y pasaporte, y le impide ser beneficiario de planes de ayuda social del Estado hasta tanto no abone la sanción.

Representantes de los partidos y técnicos del Tribunal Superior de Justicia Electoral fueron llamados a acudir a la comisión de Asuntos Constitucionales cuando se estudien las propuestas.

Según trascendió, los técnicos habían manifestado reparos en cuanto a la posibilidad de contar con una base de datos que registre a todos los que no votaron. Destacaron además que el proyecto debía prever claramente la manera de presentar justificativos en caso de que el votante tuviera una imposibilidad real de concurrir a emitir su voto.

Los partidos políticos no presentaron mayores cuestionamientos. Sin embargo, fuentes de las bancadas del PLRA y la ANR admitieron que varios de sus colegas están en desacuerdo, porque al ser obligatorio el voto el ciudadano concurrirá sin necesidad de que el operador político le “motive” –lo cual le restará participación–.

El trabajo del operador político es “mimar” al elector, conseguirle transporte o combustible y viático para que se sienta “motivado” para votar por el candidato que le “sugiere” el operador.

La Constitución

El Art. 118 de la Carta Magna señala: “El sufragio es un derecho, deber y función pública del elector. Constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto; en el escrutinio público y fiscalizado, y en el sistema de representación proporcional”.