El proyecto de ley plantea una multa de entre 15 a 30 jornales mínimos (G. 1.177.575 y G. 2.355.150) además de otros castigos a quienes no voten en elecciones.
Las sanciones se plantean por el plazo de dos años y entre ellas proponen: la suspensión para recibir subsidios de programas sociales y pensiones graciables, y la inhabilitación para acceder a créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento, el Crédito Agrícola de Habilitación y el Fondo Ganadero.
También la imposibilidad de acceder a becas que son otorgadas por organismos del Estado, centrales, descentralizadas y binacionales. Se plantea la suspensión para la renovación y expedición de documentos como pasaportes y registro de conducir.
A estas sanciones suman: la prohibición de acceder a un cargo público y a cargos electivos por el plazo de dos años, y la inhibición de adquirir derechos y contraer obligaciones con personas físicas y jurídicas, públicas y privadas.
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Otorgan la facultad a los Registros Electorales para que sean ellos quienes se encarguen de elaborar en un plazo de 30 días el listado de ciudadanos en falta y establecen que en 10 días los casos sean derivados a los juzgados electorales.
El ciudadano será sumariado y para no pagar la multa deberá justificar su incumplimiento. La multa será abonada ante la Justicia Electoral.
De ser sancionada y promulgada la ley, la misma no podrá ser aplicada para estas elecciones debido a que ya feneció en agosto pasado el plazo para realizar cambios al sistema electoral.
El proyecto cuenta con dictamen favorable de la comisión de Ciencia y Tecnología. La norma será incluida como moción de preferencia por pedido del diputado liberal Sergio Rojas, uno de los proyectistas. También aparecen como autores los colorados Mario Soto y Celso Troche, y el liberal Antonio Buzarquis.