Director de Contrataciones afirma que con PNUD el país entrega su soberanía

Amparados en un acuerdo internacional de cooperación firmado en 1977 entre nuestro país y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), logran que algunas instituciones públicas cedan la tarea de realizar sus licitaciones al organismo internacional, totalmente al margen de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, explicó De Gásperi.

Con esta disposición, a su criterio, el gran afectado es el proveedor y la población en general debido a que como se basan en sus propias normas, es difícil acceder a toda la información de un proceso licitatorio. “Los mecanismos de impugnación son más complicados. Si querés impugnar hay que hacerlo ante la autoridad de Washington. Sin embargo, de acuerdo a nuestra ley se hace dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas”, puntualizó durante una entrevista en radio Uno.

Agregó que con el procedimiento nacional cualquier interesado, a través de una denuncia puede impugnar un proceso, por lo que toda esa posibilidad de revisión ayuda a la transparencia de cualquier licitación.

De Gásperi dice que algunas instituciones públicas, al acordar con el PNUD, directamente están tercerizando un servicio. “Se contratan los servicios de un tercero para que haga los procedimientos de compras. Mañana se podría crear una agencia de compras y ofrecerle los servicios al Estado para gestionarle sus compras y en vez de cobrarle 6% le cobras 4%”, graficó el alto funcionario.

Pérdida de soberanía

El director de Contrataciones declaró incluso que al entregarle al PNUD el manejo de las licitaciones públicas, es una pérdida de soberanía. “El Estado está cediendo una de sus principales facultades que es la de administrar sus propias instituciones”, manifestó.

Con relación al acuerdo internacional, De Gásperi sostiene que se trata de un convenio de cooperación no de sustitución de gestión. “Esta es una cuestión muy delicada. Si bien un tiempo atrás ya se habló del tema, pero ahora las instituciones a fin de eludir su inoperancia en sus capacidades de compras creen que dándole a un tercero van a solucionar”, indicó.

Falta de control

El funcionario sostiene además que cuando una licitación es manejada por el PNUD, automáticamente se sale del sistema natural de control por parte de los organismos del Estado. “Salimos del sistema, sale Contrataciones, sale Contraloría y sale la prensa, ya que no se tiene toda la información que está normalmente en el portal”, declaró.

Aclaró que en ningún caso acusa que el PNUD no sea claro en su manejo, pero dijo que se violenta la cultura que se fue instalando en los procesos de compras que es la posibilidad de que cualquier persona tenga acceso a la información.

“En el caso de los créditos de los organismos internacionales te diría que es razonable que ellos impongan sus normas, porque ellos dan el crédito, pero en estos casos son fondos genuinos, fondos propios de recursos del país”, indicó.

Fondos millonarios

Para el Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de los Centros de Justicia, la Corte Suprema, a través de un convenio, cedió al PNUD crear y mantener en funcionamiento una unidad de ejecución del programa de mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema judicial paraguayo. El presupuesto que maneja el organismo internacional para este efecto es de US$ 23.041.805.

En estos momentos se encuentra en pleno proceso una licitación para la construcción de obras civiles, instalaciones y mantenimiento posterior de los juzgados de primera instancia de Horqueta que tendrá un costo de US$ 4 millones.

Oferentes que se presentaron en esta licitación cuestionaron al PNUD el hecho de que no pueden acceder a mucha información sobre el concurso. Una cuestionada carpintería es una de las candidatas a ganar la licitación, ya que presentó la oferta más baja, pero se desconoce su experiencia en obras similares.

División en la Corte

No todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia están de acuerdo con la entrega al PNUD del manejo del mejoramiento de la infraestructura edilicia del Poder Judicial. El ministro César Garay Zuccolillo fue uno de los que siempre objetaron la decisión de ceder el manejo de las licitaciones al organismo internacional, alegando que la Corte cuenta con los funcionarios y las oficinas para realizar el trabajo. Sin embargo, los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Alicia Pucheta siempre defendieron el acuerdo con el PNUD. Uno de los hombres claves de los ministros, quien opera con el PNUD para apurar los desembolsos, es el actual director administrativo, Gustavo Chamorro.