La disidencia colorada, encabezada por Abdo Benítez y representada por sus apoderados, presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia penal contra toda cúpula de la ANR la cual involucra a las principales figuras del Poder Ejecutivo.
Juan Ernesto Villamayor, del movimiento Colorado Añetete, sostuvo que el Ministerio Público no puede limitar su investigación a simples presidentes de seccionales acusados de falsear firmas cuando la orden provino directamente de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado.
Agregó que la Fiscalía también debe investigar al objetivo final del fraude, la intención de violar la Constitución Nacional para introducir la figura de la reelección presidencial.
Indicó que por ello debe investigarse también al titular partidario, el diputado Pedro Alliana, así como a los beneficiarios directos, el presidente de la República, Horacio Cartes, y el vicepresidente Juan Afara.
Este último incluso participó en la entrega de biblioratos con firmas a favor de la reelección presidencial vía enmienda ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Durante el escrutinio, el máximo órgano electoral descubrió 1.142 firmas de difuntos; 19.000 personas no inscriptas en el padrón y 13.000 firmas con datos falsos. A esto se suman las denuncias de miles de personas que niegan haber participado en la recolección de firmas.
El caso conocido como el “falsificatón” de “muertos firmantes”, se encuentra a cargo de Fabián Centurión, entre otros fiscales. Sin embargo, el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, recusó al agente del Ministerio Público.
Oficialismo reacciona
Horas después de la denuncia presentada por la disidencia, el oficialismo colorado presentó la suya contra los senadores de la oposición.
Mediante el abogado German Latorre, senadores cartistas acusaron a colegas y dirigentes de otros partidos de violar los artículos 286 y 287 del Código Penal que habla de coacción a los órganos constitucionales y al Presidente de la República.
Los acusados son el titular del PLRA, Efraín Alegre, por advertir que, de violarse la Constitución, habría “derramamiento de sangre”. Así también se mencionan a los senadores Silvio Ovelar (ANR), Desirée Masi (PDP) y Carlos Amarilla (PLRA) por arengar a la población a tomar las calles en caso que el oficialismo violente la Carta Magna.
Igualmente se acusa al senador liberal Luis Alberto Wagner por incitar a atropellar el Palacio de López en caso de aprobarse un proyecto inconstitucional de reelección por enmienda. Asimismo, acusan a Mario Abdo Benítez (ANR) de amenazar a los ministros de la Corte.
Esta nueva acción penal se suma a la denuncia presentada anteriormente contra los disidentes y opositores por la supuesta preparación de un atentado contra el presidente Cartes en un grupo de Whatsapp. Dicha denuncia fue presentada por Luis Canillas, funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá, y contó con el respaldo institucional de la Junta de Gobierno.
Mientras tanto, el fiscal general Javier Díaz Verón se encuentra con mandato fenecido y el Consejo de la Magistratura hizo un llamado a concurso para ocupar el puesto. Díaz Verón, quien busca un nuevo periodo, no tiene la confianza de la oposición.