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Entre las pruebas documentales que tiene el Ministerio Público contra Bogado, figuran dos notas que el legislador colorado, entonces presidente de la Cámara de Diputados, envió al titular de la binacional, Franklin Boccia. En dichos documentos solicitó el comisionamiento de Gabriela Quintana a la Cámara Baja.
Por notas Nº 4446 del 5 de marzo de 2013 y 4683 del 4 de junio del mismo año, Bogado pidió la comisión de la “niñera de oro”, funcionaria permanente de la Itaipú, para prestar servicios en Diputados hasta el 31 de diciembre de 2013.
Quintana ya era funcionaria de Diputados, cuando Bogado pidió su comisionamiento al legislativo.
En relación con el delito de cobro indebido de honorario, con base en las notas señaladas más arriba y otros documentos, la fiscalía sostiene en su acusación, que Bogado se valió de su cargo de presidente de Diputados para lograr la contratación de Gabriela Quintana en Itaipú , a pesar de que estaba nombrada como personal permanente de la Cámara Baja.
“A su vez, el haber solicitado la comisión de la misma a la Cámara de Diputados, se garantizaba la doble remuneración sin incumplir el contrato en exclusividad con la Itaipú Binacional”, refiere el escrito del Ministerio Público.
En cuanto a la estafa, la fiscalía dice que mediante la ayuda de Miguel Pérez (exjefe de gabinete también imputado), Bogado le solicitó al director paraguayo de Itaipú, la contratación de Gabriela Quintana, “con lo que se da respecto a él una declaración de hechos que es falsa, teniendo en cuenta que Bogado y Pérez sabían que la persona a quien se estaba recomendando para prestar un servicio a cambio de un salario de la entidad binacional no tenía la voluntad de cumplir con la prestación, puesto que ella ya era una funcionaria nombrada en la Cámara de Diputados y cumplía un horario laboral que el mismo en su carácter de jefe inmediato certificaba”.
“Con esta declaración falsa, habrían logrado la errónea representación del director de la binacional, quien creyendo que Gabriela Quintana cumpliría con el trabajo pactado dispuso el pago de un salario mensual, que a su vez constituye un perjuicio patrimonial de G. 71.683.460”, asegura el Ministerio Público cuyos representantes insisten en llevar a Bogado, Quintana y Pérez a juicio oral.
La fiscalía asegura que los acusados actuaron con dolo directo de primer grado. “Han querido la realización del hecho, han seleccionado los medios idóneos para alcanzar ese fin y han dado a sus acciones el impulso necesario para ello. Está clara la coincidencia entre lo que hicieron y lo que quisieron”, dice la acusación. La “niñera de oro” llegó a cobrar G. 8.739.300 mensual en Itaipú. También estaba nombrada en Diputados con un sueldo de G. 13.237.400 al mes.
LA ACORDADA Y SIN JUEZ
La Acordada N° 961/15, específicamente en el artículo 4°, establece claramente que los magistrados que no usan sus facultades disciplinarias ante el ejercicio del derecho cometen falta grave.
En el proceso al senador Bogado, el juez Óscar Delgado se apartó del proceso y su colega Griselda Caballero impugnó su inhibición. El expediente está en la Cámara de Apelaciones, en donde los camaristas Cristóbal Sánchez, Carlos Ortiz Barrios y Pedro Mayor tienen que decidir si el caso es atendido por Delgado o Caballero. Mientras, nada se mueve.