La Contraloría General de la República, ente cuyo flamante titular es Camilo Benítez, liberó un informe sobre las intendencias y gobernaciones (ver cuadro) que se niegan a rendir cuentas del uso del Fonacide y los Royalties de Itaipú que recibieron en el primer cuatrimestre del 2019.

Estos retrasos se dan gracias a que la Contraloría permite largas prórrogas, incluso la posibilidad de que “corrijan” sus informes, para maquillar los gastos. A esto se suma que el Ministerio de Hacienda, a cargo de Benigno López, incumple la ley y sigue liberando fondos a las administraciones que están en falta.

El 16 de mayo venció plazo

La fecha límite para jefes municipales y departamentales vencía el 16 de mayo último. Aunque el informe divulgado en la web de la Contraloría habla de 118 municipios y gobernaciones en falta, una corroboración señala que en realidad suman 113 instituciones.

De la cifra mencionada, 111 son municipios, de un total de 255 Intendencias existentes. La lista es encabezada por el intendente de Asunción, Mario Ferreiro (PRF), y sigue con los de Guarambaré, Itauguá y Lambaré, en Central; de Ciudad del Este, en Alto Paraná, y de Encarnación, en Itapúa, entre otros. A ellas se suman las gobernaciones de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, Añetete), y Alto Paraguay, administrado por José Adorno, excartista.

Reincidentes

Al comparar la lista con la nómina del año pasado, aparecen nueve intendencias reincidentes, entre ellas Altos (Cordillera); San Miguel (Misiones); La Colmena (Paraguarí) y Francisco Caballero Álvarez (Canindeyú). El titular de este última comuna, Néstor Araújo (ANR, cartista), ya se encuentra preso por fraude y desvíos de fondos.

También son reincidentes varios municipios de Pdte. Hayes: Gral. Bruguez, Pto. Falcón, Tte. 1º Manuel Irala Fernández y Tte. Esteban Martínez. Igualmente Fuerte Olimpo en Alto Paraguay.

Deficiente control e impunidad

La falta de transparencia y la alta corrupción siguen afectando a la administración de los recursos públicos en nuestro país. El uso de royalties así como el de los recursos del Fonacide son fuentes de permanente sospechas y de denuncias de presuntos hechos de corrupción. Numerosos son los casos de desvío de esos fondos, con la ejecución de obras públicas amañadas, que perjudican sobre todo a los sectores más empobrecidos de nuestra población.

A esta situación se suma la falta de un control férreo de los organismos encargados y la impunidad que gozan los responsables, por la inacción de la Justicia. Sin embargo, la ciudadanía cada vez está exigiendo transparentar el manejo de los recursos públicos.