Dos pedidos de desafuero están pendientes en la Cámara Baja

El tratamiento de los desafueros de Ríos y Núñez en la plenaria se dilató con diversas excusas desde octubre de este año, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el colorado Ramón Romero Roa, dictaminó favorablemente.

Pese a que no hubo una versión oficial acerca del motivo de la demora, trascendió que la intención de la mesa directiva de la cámara era que se tratarán los dos proyectos en la misma sesión. El inconveniente es que Ríos no estaba de acuerdo con ser desaforado, con lo cual quebraba una tradición de que todos los pedidos judiciales de este periodo se han aceptado.

Según dijo Romero Roa, en el caso de Núñez, el mismo había manifestado su intención de pedir que sus colegas aprobasen el pedido, dado que es una ampliación del mismo caso por el que ya había sido desaforado en abril del 2014. Se trata de una acusación por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y otros, que ascienden a unos G. 3.000 millones, de cuando se desempeñaba como gobernador de Presidente Hayes.

En tanto, el caso del diputado y rector de la Universidad de Pilar, Víctor Ríos, es por una denuncia de difamación y calumnia presentada en su contra por la exdocente Juana Delgado, a quien el diputado habría acusado, en un programa radial en Ñeembucú, de estafar a la gente.

La discusión en el caso del diputado Ríos es si los fueros lo protegen en este caso particular, por tratarse de un caso cuya vinculación con su cargo legislativo es discutible.

De acuerdo a otros antecedentes, los casos de difamación y calumnia casi nunca se aprobaron en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la última sesión de este año, el diputado liberal Carlos Portillo solicitó y obtuvo la aprobación de su desafuero para responder ante la Justicia por una acusación de ese tipo.

Casos anteriores

De los diputados que fueron desaforados por la cámara, los liberales Édgar Acosta y Milciades Duré y el colorado Carlos Núñez ya finiquitaron sus casos judiciales con su sobreseimiento definitivo. En todos los casos, los jueces consideraron que no existían fundamentos suficientes. Inclusive, la desestimación de estos casos se dio por propio pedido de la fiscalía.

En tanto, continúan siendo procesados José María Ibáñez (ANR), que ha recurrido a innumerables chicanas judiciales para dilatar su proceso, y el de Óscar Núñez, que tiene pendiente otro desafuero.

El caso del diputado Carlos Portillo, aún está en desarrollo, dado que es muy reciente.