El referido informe, presentado el 29 de noviembre de 2016, refiere que el edificio donde en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) funcionaba el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital se encuentra en situación que requiere una “intervención de urgencia”. El local forma parte de la “Red de sitios históricos”.
Agrega que el deterioro obedece a múltiples problemas: a) derrumbe de partes del techo, b) goteras en diferentes ambientes, c) humedad producto de filtraciones, d) grietas importantes en la estructura (que podrían representar peligro de derrumbe), e) sistema de cableado eléctrico fuera de servicio y expuestos con alta probabilidad de causar cortocircuitos y accidentes, f) falta de iluminación eléctrica en la mayor parte del edificio (solo se cuenta con ella en la planta baja), g) cañerías fuera de servicio y taponadas, h) zonas del edificio que se inundan en caso de lluvia (techo de fibra de vidrio roto).
En este edificio, ubicado en Presidente Franco entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile de la capital, funciona la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo. Ahí se alberga toda la documentación, información, pruebas y declaraciones recogidas durante cuatro años por la Comisión de Verdad y Justicia y el Informe Final que produjo esa comisión oficial.
La semana pasada la Entidad Binacional Yacyretá informaba al fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción Martín Cabrera que la EBY había realizado aportes por G. 1.377.724.787, desde 2009 en adelante, a la administración de Manuel María Páez Monges y la imputada exdirectora Judith Rolón. Durante un recorrido realizado por el defensor del Pueblo y el actual titular de la dirección por el edificio, estos observaron que prácticamente no se invirtió en el mejoramiento y mantenimiento.
Decía el informe que el edificio, en las condiciones actuales, “no reúne los requisitos de seguridad, higiene y salubridad para las personas que cumplen funciones de recepción y guía de quienes concurren al lugar, constituyendo un peligro para la salud y la integridad física de las personas”.