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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió ayer con ministros y secretarios de Estado que integran el Plan de Acción para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el marco del Decreto Nº 507/18.
Al término del encuentro en el Palacio de López, la titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), María Epifanía González, dijo sentirse confiada en que el Congreso aprobará lo antes posible el paquete de proyectos de leyes remitido por el Ejecutivo a fines de 2018.
Recalcó que el fin es superar la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a mediados de año y advirtió que si dicho organismo considera al Paraguay como país “no cooperante”, por no cumplir sus recomendaciones, esto puede traer consecuencias económicas al Paraguay. Recalcó que el gobierno tiene que cumplir un total de 29 objetivos y 68 acciones en el marco de aplicar las 40 recomendaciones de la GAFI.
Remarcó que esto también exige 11 resultados “inmediatos” en materia de efectividad que requieren la coordinación del Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial. Dijo que esto implica que en el Paraguay se registren condenas contra el lavado de dinero y aplicar la evaluación de riesgo a entidades financieras.
En ese sentido, señaló que el Congreso, al reinicio del periodo legislativo, debe reactivar el estudio de los 12 proyectos de leyes remitidos al Senado. En este paquete, dijo, es fundamental la ley de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el proyecto de ley que identifica al beneficiario final y verdaderos dueños de empresas fachadas.
En cuanto a la candidatura del diputado con permiso Ulises Quintana a la intendencia de Ciudad del Este, dijo que no sería muy bien visto y puede afectar al país que un procesado por narcotráfico pugne un cargo electivo. Señaló que por ello hay que dejar a la Fiscalía y a la Justicia hacer su trabajo.
El peligro de la “lista gris”
En 2016, el Gobierno, todavía bajo administración de Horacio Cartes, hizo una autoevaluación con las reglas de GAFI, y los resultados fueron negativos, por lo que existe el riesgo de volver a la denominada “lista gris” como en 2008. Esto empeoró tras el caso de Darío Messer. El GAFI es un ente intergubernamental creado en 1989, que fija estándares legales, regulatorios y operativos para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, entre otros.