Sostiene que el mercado de los cereales y oleaginosas en nuestro país, en particular la soja, “descansa sobre un sistema empresarial, donde las grandes compañías, mayoritariamente multinacionales, compran el producto directamente de los pequeños, medianos o grandes productores, quienes realmente terminarán absorbiendo el costo del impuesto. Por este motivo este gravamen constituirá un instrumento altamente distorsivo y regresivo”.
Señala también que como el impuesto se pretende aplicar sobre el monto bruto y no sobre las ganancias, podría “convertirse en un castigo al sector productivo en épocas de recesión o caída de la producción” y podría tener un efecto regresivo porque “las grandes compañías exportadoras trasladarán la carga del tributo a los productores, restando competitividad y distorsionando los precios. De hecho, el agroexportador transferirá al productor toda la carga del tributo, pero pagará efectivamente al fisco solamente por la parte exportada en estado natural y no por la comercializada en el mercado interno, pudiendo convertirse en una ganancia adicional para las grandes compañías”.
Con este veto las dos cámaras del Congreso tendrán que volver a estudiar el documento y pronunciarse sobre el mismo. Si se ratifican las dos cámaras la ley quedará firme y entrará en vigencia, si no se ponen de acuerdo, el documento será archivado.
Veto parcial de obras públicas
El Poder Ejecutivo también vetó parcialmente ayer el proyecto de ley que pretende ampliar la ley de obras públicas y establecer la posibilidad de alianzas con el sector privado.
En el considerando del veto del artículo 2 del mencionado proyecto sostiene que ese artículo “habilita la realización de alianzas con el sector privado y el otorgamiento del aval del Estado, sin establecer normas y/o una metodología para la gestión de los riesgos entre el socio público y el privado”.
Atendiendo esta situación recuerda y aclara “que el Poder Ejecutivo ha remitido al Poder Legislativo el proyecto de ley de alianza público-privada, el cual establece el proceso de validación de los proyectos de infraestructura, identifica los responsables y se establecen precisamente los mecanismos de control de los riesgos fiscales, motivo por el cual se hace necesario el veto del mismo”.