El procurador general de la República, Roberto Moreno Rodríguez, informó ayer que “luego de intensas negociaciones durante semanas con la contraparte”, los abogados del Paraguay han llegado a un acuerdo con la defensa legal de la aseguradora italiana SACE para extender el plazo de presentación de la defensa del país ante la Corte de Distrito de Washington DC, Estados Unidos de América.
La Procuraduría General de la República, a cargo del abogado Roberto Moreno Rodríguez, lleva adelante la defensa del país, y para tal cometido, contrató a abogados estadounidenses para que lleven adelante la defensa legal ante la demanda aseguradora italiana SACE en la Corte del Distrito de Washington DC, Estados Unidos de América (EE.UU.).
A fines de noviembre del año pasado “luego de intensas negociaciones” quedó fijado el plazo para el 21 de enero. Moreno explicó que inicialmente el plazo venció en octubre de 2015, con lo cual “se han ganado importantes días para preparar una defensa contundente en este sentido”.
A inicios de agosto del año pasado, el Gobierno fue notificado de que la aseguradora italiana Sezione Speciale per L’Assicurazione del Credito All’Esportazione (SACE) presentó en Washington DC una demanda contra el país por US$ 95 millones, según la Procuraduría. SACE pretende cobrar la deuda por el caso Gustavo Gramont Berres.
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Moreno informó que “se encuentra trabajando intensamente el equipo jurídico” del Ejecutivo con miembros del prestigioso estudio jurídico de Washington DC contratado por el Estado paraguayo para su defensa: al prestigioso estudio jurídico Williams & Connolly. Este grupo de abogados tuvo a su cargo, entre otros, la defensa del expresidente Bill Clinton y representó a la Enron, una de las compañías de energía mas grandes del mundo.
Historia de un fraude
La fraudulenta deuda fue contraída en Ginebra (Suiza) por el argentino Gustavo Gramont Berres, cuyo nombre verdadero es Benjamín Levy Avzarradel. Entre los años 1986 y 1987 se arrogó la representación del Estado paraguayo cuando se desempeñaba como “embajador itinerante” y cónsul honorario de la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner y contrajo dos préstamos internacionales. Pero estos empréstitos no fueron aprobados por el Congreso nacional, tal como exige la Constitución vigente. Por tanto, la deuda es privada y no pública.
La SACE, que emitió la póliza de seguro del préstamo otorgado en 1986 por el banco Overland Trust de Ginebra (Suiza) a Gramont Berres, pide la ejecución de los fallos de la justicia suiza luego de haber negociado y pagado 24.900.000 euros a los 10 bancos suizos (ver (infografía) que en principio habían demandado al Paraguay por el crédito.
Gramont Berres confesó ante la justicia de Suiza que cobró por la gestión de los préstamos US$ 4 millones y que el dinero fue repartido en Paraguay entre los amigos del dictador. Gramont falsificó burdamente documentos oficiales para conseguir el crédito y comprometer al Estado. El Parlamento nunca aprobó el empréstito, por tanto no tiene validez.
De acuerdo con la estimación de la Procuraduría, los honorarios por llevar adelante el proceso en representación del Paraguay estarían entre 500.000 y 800.000 dólares americanos.
Buscan resguardar los bonos
El Gobierno paraguayo también contrató al estudio jurídico Arnold & Porter LLP en los EE.UU. para asegurar que los bonos emitidos por el Paraguay en el mercado internacional no queden inmovilizados a causa del litigio que sostiene el país con 10 bancos internacionales por el fraude de Gramont Berres. A inicios del año pasado el Banco Meinl Bank de Austria remitió notas a Hacienda, advirtiendo que podrían accionar contra los bonos. El Banco Paribas reclama US$ 25 millones de un total de US$ 95 millones.