Esta ley establece claramente la participación y contribución del Gobierno paraguayo como contrapartida local en la ejecución del o los proyectos financiados por el PNUD.
La normativa no fue creada para gerenciar proyectos financiados con fondos locales.
Sin embargo, la misma se ha utilizado para la contratación del PNUD-UNOPS para prestar servicios (no para proveer asistencia técnica) al Ministerio de Salud, gerenciando parte de programa, subprograma, proyecto o subproyecto de dicha cartera de Estado de acuerdo a la necesidad. Esta prestación de servicio tiene además un costo administrativo del 6% del total del proyecto a ser ejecutado.
El proyecto no tiene presupuesto y es utilizado para cubrir las falencias de ejecución presupuestaria de cualquier programa subprograma o proyecto del Ministerio de Salud que no se haya ejecutado por alguna o varias circunstancias.
Al no disponer de presupuesto, la ministra Esperanza Martínez violó con la firma del acuerdo la Ley 1.535, “Administración financiera del Estado”, que establece que solo se podrán contraer obligaciones con cargo a saldos disponibles de asignación presupuestaria.
Es sabido que conforme a la estructura organizacional de las dependencias públicas, que estas cuentan con una dependencia o dirección, que es la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), que perfectamente puede desarrollar cualquier tipo de adquisición de bienes y servicios, pero sin embargo, el PNUD suple este rol.
Hasta la fecha el valor del proyecto financiado en su totalidad con fondos propios y sin presupuesto alcanza la suma de US$ 28.030.011.
Otro punto llamativo es que en un lapso de apenas 37 días el valor del proyecto aumentó de US$ 2 millones a 28 millones.
La propia Dirección de Contrataciones Públicas sostiene que este procedimiento es totalmente arbitrario y sin control.
Además, con base en el memorándum de acuerdo y las sucesivas adendas firmadas, el Ministerio de Salud consiguió que todos los procesos de contracciones sean realizados bajo la figura de contrataciones excluidas y de esta forma se pierde el control total de todos los procesos de contrataciones.