El combate al EPP y ACA ya les costó la vida a 19 uniformados

El combate iniciado hace casi 10 años contra los grupos terroristas de la zona norte del país, EPP y ACA, ya les costó la vida a 14 efectivos policiales y a cinco militares. Pero solo se lograron 14 bajas en filas de los criminales.

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Las últimas dos bajas en filas uniformadas fueron la del capitán de Ingeniería del Ejército Enrique Daniel Piñánez Ciancio (34) y la del suboficial de Infantería del Ejército José Manuel González Ferreira (39), en una explosión registrada el miércoles de noche dentro de una camioneta de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) asignada a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La tragedia ocurrió en el kilómetro 87,5 de la Ruta V, en la localidad de Cuero Fresco, distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

Ambos efectivos castrenses perdieron la vida presuntamente al manipular un explosivo dentro del rodado, al encontrarse supuestamente con un informante que debía llevar la bomba entre unas provistas que iba a introducir al campamento del grupo terrorista Agrupación Campesina Armada (ACA).

Sin embargo, la versión oficial del Gobierno, que generó dudas y cuestionamientos, pero que está basada supuestamente en el relato de uno de los sobrevivientes, el agente especial de la Senad Juan Manuel Jara, refiere que un motociclista arrojó un “bulto” cerca de la camioneta en medio de una persecución.

Ayer de tarde, los restos del capitán fueron enterrados en el Cementerio del Este y del suboficial en el Cementerio de La Recoleta.

El director de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, coronel Jorge Mieres, informó que Enrique Piñánez deja una viuda y José González una viuda y cuatro hijos.

Las familias de ambos recibirán una indemnización y también se les deberá quedar el sueldo de los fallecidos que, a su vez, recibirán un ascenso póstumo a mayor y a suboficial mayor, respectivamente.

Médico se ratifica

Con relación a la cuarta persona que supuestamente estaba con los dos militares y el agente especial en el momento de la explosión, que sería un informante civil, el doctor Sixto Barrios, director del sanatorio privado “San Antonio” de Horqueta, se ratificó ayer en que efectivamente atendió a esta persona y que no superaba los 30 años de edad.

Dijo que el civil y el antidrogas llegaron juntos, pero que sus vidas no corrían peligro.

El Gobierno llamativamente no informó sobre esta cuarta persona en la conferencia de prensa que se hizo en Concepción para explicar cómo supuestamente ocurrió la tragedia.

De este modo, Piñánez y González se suman a la lista de cinco militares de la FTC caídos en acto de servicio en el Norte, junto con los asesinados vicesargento 1° Hugo Andrés Monges Ramírez, teniente 1° Mario Francisco Ávalos Cañete y sargento 1° César Antonio Fernández Carballo.

Igualmente, la Policía ya perdió a 14 agentes desde que empezó a operar el actual grupo del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hace 10 años.

De todos estos policías, 13 fueron asesinados a tiros por el EPP, mientras que la oficial Miriam Araceli Morel Jiménez falleció en Tacuatí al volcar su patrullera cuando se dirigía para practicar el levantamiento del cadáver del ganadero Luis Lindstron, que también fue acribillado por los secuestradores.

Dejó el puesto de salud

Por otro lado, la doctora Fátima Céspedes ya dejó de asistir desde el lunes último al puesto de salud del asentamiento campesino Núcleo 3 de la localidad de Arroyito, en el distrito de Horqueta.

La profesional de blanco decidió dejar su puesto debido al temor a los grupos terroristas EPP y ACA.

El 22 de noviembre pasado, presuntos miembros de ACA dispararon al menos 40 tiros con sus fusiles contra el puesto policial N° 7 local, pero lo hicieron desde el predio del puesto de salud.

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