El contralor García le comunicó a la fiscala general Quiñónez que el 22 de febrero, por Resolución CGR N° 843/18, se ha aprobado el Plan General de Auditorías de la Contraloría de la República para el año 2019. En la mencionada resolución, en el Artículo 1°, numeral 13, se estableció una auditoría al Ministerio Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
García también le solicita a Quiñónez la designación de un “nexo oficial” y que se faciliten los medios y documentos requeridos por los auditores. A la vez, comunica que el equipo de auditores realizará entrevistas, solicitudes y verificaciones in situ, tanto a la sede central del Ministerio Público como en otras unidades ubicadas en todo el país.
Sigue confrontación
Recientemente, la fiscala general Quiñónez accionó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema para que el Tribunal de Cuentas esté habilitado para juzgar sus cuentas.
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La acción no va dirigida específicamente para evitar que la Contraloría audite al Ministerio Público, pero si se habilita el Tribunal de Cuentas, será este órgano jurisdiccional al que darán preferencia para que juzgue las finanzas del Ministerio Público.
Antes, la Fiscalía debe obtener el fallo de la Corte, y luego el Ministerio Público enviará todos los documentos al Tribunal de Cuentas para que los audite. Como el Tribunal no hace verificaciones in situ, normalmente no objeta las cuentas y los aprueba a través de una sentencia que hace “cosa juzgada”. Posteriormente, si la Contraloría encuentra una irregularidad, ya no podrá denunciarla para que sea investigada por la justicia.
La pulseada entre Quiñónez y García surgió cuando el Ministerio Público intentó procesar penalmente al contralor, por el caso Ivesur.