Todas las contrataciones se realizaron por vía de la contratación directa, es decir, sin una licitación. En ese sentido, la ley de Contrataciones Públicas establece que se recurrirá a este procedimiento en caso de que el monto a ser adjudicado sea menor a los 2.000 jornales mínimos (unos G. 140 millones). No obstante, habla de casos de excepción que pueden superar esta cifra.
Para hacer una contratación directa superior a los G. 140 millones, la normativa menciona entre otros puntos más importantes, que el contrato solo puede celebrarse con una determinada persona ya sea en caso de obras de arte, por desastres producidos por fenómenos naturales, con fines de garantizar la seguridad de la Nación, para adquirir bienes o locación por razones técnicas o urgencias impostergables, entre otros.
Algunos de los nombres de estas consultorías no parecen ser para salvar algún eventual desastre ni para garantizar la seguridad nacional. En el “ranking” de consultores, al menos en los primeros 36 que superaron los G. 100 millones, el “más caro” es el panameño Juan Abreu Méndez, que no tiene relación alguna con el futbolista Sebastián “loco” Abreu, nuevo fichaje estrella del club Sol de América, pero que al igual que el deportista, tiene un cachet bien elevado, según las cifras que le pagó el Ministerio de Hacienda.
Abreu Méndez, de la firma “Idea International”, fue contratado como consultor para hacer el “Acompañamiento da la implementación de la gestión para resultados en Paraguay” por un total de G. 390 millones. Según este contrato, la mayor parte del dinero salió de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El aporte del Estado paraguayo para esta consultoría fue de unos G. 34 millones.
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La segunda empresa es BDO Auditores y Consultores (Óscar Guillén Cáceres y Natalio Rubinstein) de una reconocida trayectoria en el país y que obtuvo un contrato de G. 318 millones con el Ministerio de Salud para una auditoría externa del programa de Agua Potable y Saneamiento para las Comunidades Indígenas y Rurales de los años 2014, 2015 y 2016.
La firma ganó otro contrato por G. 100 millones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la “consultoría de apoyo técnico para el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno (Mecip)” de la institución.
En la tercera posición ya aparece Ronny Javier González González, funcionario de la Gobernación de Alto Paraná desde 2013, con el cargo de secretario de obras y percibe mensualmente un salario de más de G. 7.000.000.
González fue adjudicado con un contrato por G. 140 millones por la Municipalidad de Mayor Otaño (Itapúa), para la “elaboración de estudios de proyectos de inversión”, según el contrato.
Pero Ronny no solo ganó este contrato. En setiembre de 2015, fue beneficiado con otra adjudicación –vía contratación directa– con la Municipalidad de Yguazú, que le desembolsó G. 128 millones para hacer el “proyecto de limitación de la zona urbana, creación de núcleos urbanos y amojonamiento de límites del distrito”, un trabajo acorde a su profesión, ya que es topógrafo e ingeniero civil.
“Yo tengo gente que trabaja conmigo por eso mi situación laboral como empleado público no se interpone a lo que pueda hacer en forma particular”, explicó Ronny, en conversación con ABC Color. Señaló que en su caso no existe conflicto de intereses en su condición de funcionario público, ya que se presenta solo en concursos en los que se pide elaboración de proyectos o prestación de conocimiento, que no requiere mayor presencia física. “Yo salgo de la Gobernación a las 13:00 y después hago mi trabajo en forma particular” aseveró el funcionario.
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