El Poder Ejecutivo disfrazó el proyecto de ley bajo el título: “De Gobierno Corporativo para las empresas públicas del Paraguay”, que fue presentado el lunes 22 de abril pasado y tuvo entrada oficial en la sesión ordinaria de la Cámara Alta del jueves 25 de abril. Fue remitido a tres comisiones asesoras: 1. Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; 2. Hacienda y Presupuesto y 3. Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado.
La propuesta remitida al Senado está firmada por el presidente de la República Mario Abdo Benítez y el ministro de Hacienda Benigno López. El objetivo de “resucitar” los famosos consejos en instituciones públicas, que son rellenados con presidentes de seccionales, exlegisladores y otros correligionarios. Además, estos consejos se utilizarán nuevamente para ubicar a opositores que pactan con los gobiernos de turno o directamente con correligionarios que pertenecen a otro movimiento no oficialista.
Nueve instituciones
El proyecto de ley pretende que nueve instituciones públicas tengan consejos, de los cuales cinco son entes autárquicos: Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Industria Nacional del Cemento (INC), Petróleos Paraguayos (Petropar) y Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y cuatro son sociedades anónimas: Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco SA), Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), Cañas Paraguayas SA (Capasa) y Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa).
US$ 4 millones por año
La iniciativa busca que cada consejo tenga entre tres y siete miembros sin suplentes. Si tomamos que las nueve instituciones tendrán siete consejeros, suman en total 63 miembros, que a un salario estimativo mensual de G. 30 millones cada uno, arroja una cifra por mes de G. 1.890 millones. Por año se eleva a G. 24.570 millones (incluido aguinaldo), equivalente a unos US$ 4 millones.
Este monto estimativo, que se solventará con el dinero de los contribuyentes, puede aumentar sustancialmente porque en el cálculo no se incluyen otros gastos derivados de este tipo de decisiones: Seguros médicos VIP, viajes al exterior con jugosos viáticos, vehículos, choferes, combustibles, almuerzos pagos y descuentos de los servicios públicos donde son designados.
Esto se contrapone totalmente con la tendencia mundial de racionalizar el gasto público por parte de los gobiernos para destinar a sectores que realmente necesitan como salud pública, educación, infraestructura, seguridad y los sectores más necesitados.
Además, el Gobierno presenta en estos días un paquete de impuestos, que seguramente para de lo recaudado se destinará para estos consejeros.
Zoquetes para los seccionaleros
Todos los gobiernos nombran a seccionaleros, amigos y correligionarios en los consejos. En enero pasado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo designó a Carlos Morel Martínez, presidente de la Seccional Colorada Nº 1 Jaime Peña, como miembro del consejo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en reemplazo del ingeniero electrónico Francisco Delgado.
Según los datos oficiales, el nuevo director del ente regulador de las telecomunicaciones estuvo integrando hasta el 4 de noviembre del año pasado el Consejo del Instituto de Previsión Social (IPS), bajo la presidencia de Horacio Cartes. Había sido cambiado por Julio Velázquez, otro conocido político colorado.