Intenta apropiarse de tierras en Ñacunday, declara colonia de hecho en Puerto Casado y pone sobre el tapete el inmueble de Ulisses Texeira. Emilio Camacho, interventor del Indert, busca provecho político.
El Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) comenzó a resucitar una serie de expedientes que en su momento no pudieron avanzar más allá de los pasillos de la institución.
El instituto, de la mano del Dr. Emilio Camacho, inició una campaña populista irresponsable, teniendo en la mira las próximas elecciones presidenciales.
Si bien el calendario político aún no está definido, salvo la realización de internas, la presentación de trofeos para movimientos sociales se convierte en una motivación en procura de cerrar filas en torno a proyectos políticos afines con el actual gobierno.
Resolución que viola una ley
En las últimas semanas, el Dr. Emilio Camacho puso sobre el tapete temas emblemáticos para sectores de izquierda:
Puerto Casado, donde el Indert declaró colonia privada de hecho un conjunto de 35.000 hectáreas que incluyen dos establecimientos ganaderos: Cerro Galván y San José.
El Indert utilizó como soporte legal la Ley 662 del año 1960 que regula las colonizaciones de hecho. Demás está indicar que de 1960 a hoy transcurrieron tal cantidad de años con una realidad absolutamente diferente a cuando fue promulgada la Ley 662. En 52 años de vigencia, no fue actualizada.
Esta misma circunstancia demuestra que la resolución 2/12 del Indert tiene fines exclusivamente políticos.
El mismo instituto violó preceptos de la Ley 662/60.
El cuerpo legal establece que la colonia no se haya originado en razón de las actividades de los propietarios o respondiendo a planes de estos.
Puerto Casado surgió como una actividad económica de extracción de tanino, es decir, ya existe un impedimento para ser declarado colonia.
A esto se agrega que la comunidad es un distrito de primera categoría, es decir, es una ciudad. No se ajusta a la descripción de colonia de hecho porque existe una ley que la declara área distrital.
Y finalmente, dos establecimientos ganaderos no pueden ser declarados colonias.
La resolución 2/12 responde exclusivamente a fines políticos y es una herramienta para buscar el apoyo de la Comisión Pro Tierra de Puerto Casado.
La comisión casadeña apenas si cuenta con adherentes, está integrada por políticos corruptos y en este momento está coqueteando con el Dip. José Chamorro (ANR), quien parece que encontró las personas adecuadas en busca de seguir en el Parlamento.
De nuevo Texeira
El lunes último, la Liga Nacional de Carperos volvió nuevamente a la carga sobre las tierras de Ulisses Texeira. Ahora emplaza al gobierno de Fernando Lugo a comprar el inmueble de 7.800 hectáreas en un plazo máximo de 15 días.
El Indert se muestra favorable al pedido y está dispuesto a acompañar la propuesta.
De hecho, de acuerdo a informaciones obtenidas en el Indert, los principales dirigentes de la Liga Nacional de Carperos obtuvieron el compromiso de que el instituto brindará su apoyo al reclamo.
El mismo Dr. Emilio Camacho prometió todo el respaldo necesario a la reivindicación de los carperos.
La adquisición de las tierras de Texeira fue descartada el año pasado, a pesar de las fuertes presiones desde el mismo Gobierno.
Queda claro que el equipo que rodea al presidente Fernando Lugo busca un acercamiento a movimientos sociales en busca de respaldo político y no tiene inconvenientes en resucitar reclamos sin importar las consecuencias.
El Dr. Emilio Camacho, cuyo nombre ya suena como posible candidato a diputado por el Alto Paraguay, entrega el Indert como presente de negociación.
Poco importan las consecuencias para la credibilidad del país, cuando se trata de captar votos al precio que sea. Si hay que acomodar leyes de 1960 o sentencias de 1953, ¡mba’e la tanto!
Se miente, dando esperanzas donde no hay
En el tema Puerto Casado, sin rubor alguno el Indert utilizó una ley absolutamente desfasada que viene de 1960.
En el caso Ñacunday recurrió a una sentencia judicial ¡de 1953! sentencia que ya fue ejecutada en 1956.
Poco importa al Indert esta situación porque en realidad lo que interesa es ganar la adhesión de dirigentes carperos.
Políticos que integran el gobierno de Fernando Lugo no tienen seguridad de que sus propuestas puedan tener aceptación en el conjunto ciudadano, entonces apelan a contar con voto cautivo en función a promesas demagógicas.
La dirigencia de los carperos convirtió a Ñacunday en punto focal de su lucha. Tragaron el anzuelo de que una sentencia de 1953 anula los títulos de propiedad de Tranquilo Favero y están haciendo lo imposible por lograr imponer por la fuerza lo que no pueden hacerlo con las leyes.
Los documentos de Favero son absolutamente lícitos, no tienen ninguna relación con la sentencia 11/53. Organismos técnicos del Estado paraguayo demostraron que no hay excedente fiscal y que los títulos no tienen cuestionamiento.
La Dirección de Geodesia del MOPC y la Dirección General del Registro Público expidieron dictámenes que se limitan a reflejar lo que dicen los documentos.
El Indert, con la complicidad del juez Hugolino Bogado Medina, del distrito de Iruña, Alto Paraná, no hace otra cosa sino engañar a los mismos carperos, dando esperanzas donde no existe.