La semana pasada un grupo de concejales detalló ante los diputados las supuestas causales de mal desempeño de funciones y malversación de fondos públicos en la administración de Gómez.
Los concejales colorados encabezados por el presidente de la Junta Municipal, Adolfo Lezcano (ANR) y el vicepresidente Daniel Molinas (PLRA) se centraron en tres puntos. Denunciaron la supuesta mala utilización de las transferencias de G. 2.611 millones que fueron entregados a las comisiones vecinales.
También mencionaron una presunta sobrefacturación en la obra de recalce y construcción del muro del Puente Vencedores, que fue adjudicada a varias empresas constructoras por un valor total de G. 548 millones. Los concejales cuestionaron que el proceso de licitación se realizó en forma directa.
Otro punto cuestionado guarda relación con las supuestas arbitrarias contrataciones directas que se realizaron por la vía de la excepción por un monto total de G. 4.442 millones.
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Los demás motivos de intervención señalados por los ediles están relacionados a pedidos de informes no respondidos, inasistencias del intendente a las sesiones de la Junta Municipal, violación del contrato colectivo al destituir a funcionarios antiguos, entre otros.
Los concejales expresaron su molestia ante los diputados, en un encuentro realizado hace ocho días. Dijeron que las acciones de Gómez no fueron refrendadas por los miembros de la Junta Municipal. Uno de los principales acusadores fue el liberal Daniel Molinas, quien expuso sobre cuatro de los 15 puntos denunciados por ediles colorados.
Ese mismo día y en ese mismo momento, el senador del PLRA Blas Llano mantenía una reunión con el titular de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR), a quien pidió que los pedidos de intervenciones no sean utilizados como herramienta de persecución en contra de administraciones liberales.
Garantías
El diputado Sergio Rojas (PLRA), uno de los integrantes de la comisión de intervención, afirmó que piden garantías ya que se encuentran en estudio tres pedidos de intervenciones a las intendencias de Lambaré, Ñumí y Mbocayaty del Yhaguy. “Nos parece sumamente sospechoso que esos pedidos vengan siete meses después de que administraciones liberales estén en mandato. Ojalá que no se actúe con criterio político, sino con criterio jurídico, más aún en el caso de Lambaré donde no existe un dictamen final de la Contraloría”, dijo Rojas.