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Los miembros del tribunal de sentencia Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina abrieron el pasado 15 de abril el juzgamiento de este caso y, tras escuchar a las tres defensas, que presentaron varios incidentes, llamaron a un cuarto intermedio hasta este martes. Al reinicio del juzgamiento, los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz deben contestar los incidentes. Ambos agentes del Ministerio Público ya adelantaron que van a rechazar todo lo planteado. Luego de esto se debe pasar a las testificales y a la producción de pruebas.
La defensa de Gabriela Quintana solicitó que se excluyan seis pruebas fundamentales, que son las que demuestran que ella cometió el hecho de cobro indebido de honorarios.
El abogado Óscar Latorre, quien defiende a Bogado, se allanó al pedido de su colega, pero agregó un punto, solicitando que la declaración que prestó Franklin Boccia (exdirector de Itaipú) en el 2014 ante los fiscales del caso de la “niñera de oro” no sea tomada como válida, ya que no fue hecha como anticipo jurisdiccional de prueba, por lo que no puede introducirse como prueba en juicio oral, según alegó.
También planteó el exfiscal general del Estado una excepción contra el artículo 2 de la Ley 700/96, que reglamenta el artículo 105 de la Constitución, que prohíbe la doble remuneración. Con este incidente, busca demostrar que los funcionarios de Itaipú no son funcionarios públicos y que, por tanto, no existe el cobro indebido de honorarios.
Este proceso se inició en el 2013 cuando la fiscalía pudo comprobar que el entonces diputado Víctor Bogado logró ubicar a Gabriela Quintana en Itaipú, cuando esta ya era funcionaria de la Cámara Baja, con lo que se materializó el doble cobro. Por ese hecho fueron imputados y hoy acusados el senador Bogado y Miguel Pérez, exjefe de gabinete de la Cámara de Diputados, por cobro indebido de honorarios y estafa en calidad de autor. Mientras, Quintana es procesada por cobro indebido de honorarios.
Auditoría
La Corte Suprema de Justicia en este proceso resolvió que se audite el expediente para saber por qué los miembros del tribunal de sentencia solicitaron un plazo de más de una semana para retomar el juzgamiento. En este punto los jueces Ovelar, Zárate y Medina enviaron a los miembros de la máxima instancia judicial del país un detallado informe de cada uno de sus juicios orales, para demostrar que solo quedaba el día 23 de abril libre y en horas de la tarde.