El Parlasur es un órgano no vinculante y, por tanto, ningún país está obligado a cumplir sus resoluciones. Según su web, el Brasil tiene 44 curules y Argentina 41 mientras que Venezuela, Uruguay y Paraguay acceden a 18 cada uno. 

Entre los nuevos representantes de nuestro país hay 10 colorados siete liberales y un luguista. El senador saliente José Manuel Bóbeda (Unace) no logró ingresar. 

El acusado Enzo Cardozo (PLRA), parlasuriano electo, se encuentra sin fueros del Senado, acusado y procesado en dos causas por millonarios fraudes al Estado siendo ministro de Agricultura. Estando imputado representó al Senado ante el Consejo de la Magistratura, ente que elige a jueces y fiscales.

Es vinculado con desvíos de G. 68.000 millones y G. 3.200 millones. Se salvó de una tercera imputación cuando la fiscala Victoria Acuña lo excluyó de una investigación. 

En agradecimiento, ella fue una de las ternadas para fiscal general del Estado con el citado Consejo.

El imputado diputado Duré, gracias a su sometimiento al cartismo, logró que la Corte trabara su juicio oral por la supuesta compra fraudulenta de 5.000 hectáreas de la firma San Agustín, empresa vinculada al imputado Jorge Oviedo Matto (titular de Unace), un negociado a cambio de apoyo a la oposición en las elecciones de 2013. 

Duré fue imputado por perjuicio de G. 48.000 millones al Indert, cuando formada parte de su consejo siendo gobernador de Cordillera.

Según una interpretación forzada del Artículo 191 de la Constitución, los parlasurianos acceden a nuevos fueros y para que sus respectivos juicios continúen la Fiscalía deberá solicitar el sobreseimiento de ambos ante el Parlasur. 

Esto pese a que la Constitución es de 1992 y el Parlasur se creó en 2005.