El libelo acusatorio contra Enrique García fue presentado ayer ante el pleno de la Cámara de Senadores por los fiscales acusadores del juicio político, los diputados colorados Ramón Romero Roa (samanieguista) y David Rivas (cartista) y la liberal Celeste Amarilla (efrainista).
García acudió al Congreso y escuchó las acusaciones, acompañado de su equipo jurídico encabezado por Álvaro Arias.
La defensa presentará su respuesta el 23 de abril y el veredicto se sabrá el 24 de abril. Se requieren 30 votos de un total de 45 senadores para destituir a García y según el presidente del Senado, Silvio Ovelar (ANR, Añetete), no se tienen los votos para la destitución. Agregó que el presidente Mario Abdo Benítez “bajará la línea”.
En la presentación, Romero Roa citó las seis causales de juicio político, mientras que Amarilla exhortó a García a no aferrarse al cargo. La liberal sostuvo que la ciudadanía exige al Congreso el cese de la impunidad y recalcó que García ya no puede ejercer el cargo de la persona encargada de defender al pueblo de los abusos en el Estado.
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La diputada también aclaró que los acusadores no están obligados a demostrar los hechos punibles atribuidos a García, ya que el juicio es político y no penal.
El diputado cartista Rivas a duras penas pudo leer una lista de hechos punibles atribuidos a García, en el marco de la investigación fiscal en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Indicó que entre 2012 y 2017 García hizo depósitos de G. 4.462 millones, de los cuales no declaró al fisco G. 2.942.111.816. Siendo contralor los depósitos fueron por G. 1.622 millones que no puede justificar ni como abogado ni como socio de la firma “6 de Abril SA”, que conformó con su actual director jurídico, César Núñez.