A primera hora de ayer, el magistrado admitió la imputación presentada por los fiscales de Delitos Económicos e incluyó en el proceso penal al ciudadano brasileño Ilan Grinspun.
Tal como procedió con los demás enjuiciados –Darío Messer, su hijo Dan Wolf Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros y Adolfo Enrique Granada Cubilla–, el juzgado también ha decretado bloqueo de cuentas y embargo sobre todos los bienes existentes a nombre de Grinspun.
Las restricciones decretadas por el juez Otazú y que ahora también pesan contra el citado, afectan a todas sus cuentas corrientes, de ahorro, certificados de depósitos de ahorros, así como a todas las personas jurídicas en las que el mismo figure como accionista.
El oficio cita específicamente a las empresas Gramonte SA; CHAI SA; Matrix Realty SA y para el efecto, se notificó a la Superintendencia de Bancos y por su intermedio a todas las entidades de intermediación financiera del país y a la Dirección General de los Registros Públicos.
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Grinspun debe presentarse en tribunales el próximo 23 de mayo, a las 9:00, para una audiencia de imposición de medidas.
La audiencia de imposición de medidas para los demás procesados ha sido fijada con anterioridad para el miércoles 16 de mayo.
Al igual que los demás, Grinspun tiene orden de detención decretada por la Fiscalía de Delitos Económicos.
Expectativa de pena
La expectativa de sanción prevista en nuestra legislación para el hecho punible de lavado de dinero es de hasta 10 años de pena privativa de libertad y para el de asociación criminal es de hasta 5 años de cárcel.
El Estado administrará bienes
La ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados (Senabico), Karina Gómez, confirmó anoche a ABC que el Estado administrará los bienes embargados de los procesados. Fue tras reunirse con el fiscal René Fernández, uno de los agentes de la Fiscalía de Delitos Económicos que investiga el caso que involucra al empresario Darío Messer.
“Ahora mismo los imputados están con todos los bienes y cuentas embargadas y ellos están inhibidos. Por ende, no tienen acceso y somos nosotros como Estado quienes vamos a manejar todo lo que el Ministerio Público nos entregue en administración”, declaró la ministra Gómez.