/arc-anglerfish-arc2-prod-abccolor.s3.amazonaws.com/public/E4IYHBBVXJBARKRL542JW4UFLA.jpg)
Cargando...
Este caso no figura en la auditoría, pero está incluido en una denuncia que trabajadores de la Dirección de Beneficencia (Diben) presentaron a la Fiscalía, aunque el proceso hasta ahora no arrojó imputaciones. Virgilia González García, afiliada del Partido Colorado, fue recepcionista de la entidad desde setiembre de 1990. Debido a un problema de salud, el 10 de julio de 1996 fue beneficiada con un permiso con goce de sueldo. Desde entonces y hasta que fue desvinculada, en el 2016, durante 19 años y 8 meses, la mujer cobró su sueldo, los aumentos, bonificaciones y aguinaldo correspondientes sin ir a trabajar.
En setiembre de 1990 el sueldo de González era de G. 327.200. Su último salario, en enero de 2016, fue de G. 2.815.900, además de una bonificación de G. 500.000 por antigüedad.
Esto ocurría en abierta violación de la Ley de la Función Pública, que señala que el permiso por salud no puede exceder de noventa días. Los legajos señalan que en 1996 el problema de salud de González demandaba una prótesis de rodilla y una posterior rehabilitación.
En el 2013 el médico Víctor Rubén Espínola determinó que la mujer no caminaba y se encontraba en una situación de invalidez. El 12 de febrero de 2016 Diben encontró que González García ya no residía en la dirección que había dado como domicilio.
El 15 de febrero de 2016 se dispuso la dimisión de la funcionaria. Atendiendo que la irregularidad duró casi 20 años, la Secretaría de la Función Pública recomendó “iniciar los trámites pertinentes a fin de deslindar las responsabilidades”.
El 20 de julio del mismo año el Consejo de Administración de la institución decidió instruir un sumario a los funcionarios Miriam Doldán, María Angélica Ortiz y Miguel Antonio Diana, pero llamativamente pocos días después, el 8 de agosto, el mismo Consejo dejó el sumario sin efecto. Así quedó impune lo que, según el dictamen de los asesores de la Secretaría de la Función Pública, constituye una falta administrativa y mal desempeño por parte de la autoridad pública que lo permitió.
Una auditoría de la Contraloría General indica que en el 2016 Diben entregó ayuda “a dedo”, sin ningún criterio, además de haber mentido respecto a la cantidad de personas asistidas en ese periodo, entre otras irregularidades por las que el ente estaría en “alto riesgo”.