Empresas con negros antecedentes facturan millones al Estado

En los últimos cinco años, el Estado paraguayo destinó más de G. 550.000 millones (US$ 100 millones) para la compra de servicios de seguridad y vigilancia. Una sola empresa, SST Security Service Tecnology SA, se llevó más del 50% de ese dinero. Todo eso a pesar de tener una larga lista de denuncias de irregularidades en su contra.

SST operaba hasta agosto de 2013 bajo el nombre de Doram SACI y está vinculada al exdiputado colorado José Chamorro.

Los beneficios para la firma empezaron ya durante el tiempo en el que Chamorro ocupaba un escaño en el Congreso, al igual que las denuncias de irregularidades.

Ya en 2012, la firma fue denunciada por supuestamente explotar a sus funcionarios, a los que pagaba apenas G. 1.400.000 y obligaba a cumplir horarios de 12 horas continuadas. Sin embargo, la empresa declaraba al IPS que pagaba a cada uno de sus funcionarios G. 3.100.000.

También fue denunciada ante el Ministerio Público por la retención arbitraria de salarios a más de 1.000 de sus funcionarios.

Pese a todos estos cuestionamientos, la firma volvió a ser adjudicada por varias instituciones en 2013, siendo siempre el IPS su mayor cliente. De hecho, la licitación por la cual SST fue contratada para proveer seguridad al IPS fue investigada por una supuesta sobrefacturación. La causa había quedado en manos de la fiscala Victoria Acuña.

A pesar de todos estos antecedentes, la empresa volvió a ser adjudicada este año para proveer servicios de seguridad a la Gobernación de Presidente Hayes, al IPS y a la Secretaría Nacional de Deportes (SND). En total, fue beneficiada con contratos por más de G. 60.000 millones solo en el 2015.

Sin requisitos mínimos

En segundo lugar entre las empresas de seguridad que más dinero han recibido por parte del Estado aparece la firma Tapiti SRL, que pertenece a los hermanos Viviano y Vidal Machado, quienes hasta hace un par de años eran altos jefes dentro de la Policía Nacional.

Viviano Machado llegó a ser comandante de la Policía, durante el gobierno de Fernando Lugo.

Su hermano Vidal llegó a ser jefe del Departamento de Delitos Económicos. Sin embargo, fue expulsado de las filas policiales en 2006.

Un año después de que Vidal fuera expulsado de la Policía se fundó Tapiti SRL. En poco tiempo, la firma consiguió autorización de la Policía para comenzar a operar. El permiso se consiguió mientras Viviano aún ocupaba altos cargos en filas de la fuerza del orden.

Entre 2010 y 2015, la empresa de los hermanos Machado fue adjudicada con más de G. 70.000 millones (US$ 14 millones) para proveer servicios de seguridad a varias instituciones públicas, en algunos casos sin cumplir con requisitos mínimos.

Por ejemplo, en octubre de 2013, Copaco SA adjudicó por US$ 2 millones a Tapiti SRL. El entonces titular de la empresa estatal, Rogelio Benítez, explicó que la firma adjudicada fue la que presentó la oferta más baja. Sin embargo, obviaron disposiciones que establece el pliego de bases y condiciones.

Por ejemplo, en un artículo se señalaba que la firma debe contar con un campo de tiro y/o adiestramiento para el personal de seguridad, lo cual se debía demostrar con la presentación de los documentos que acrediten que la empresa cuenta con un campo propio y/o con un contrato de alquiler del mismo, hecho que no fue demostrado por la firma Tapiti SRL.

La empresa solo presentó un certificado emitido por la FOPE, en el que consta que los guardias privados de la empresa realizan su entrenamiento en las instalaciones de esa dependencia policial.

El comisario Abilio Lezcano, entonces jefe de la FOPE consultado sobre el certificado emitido confirmó que desde abril de 2011, los guardias de Tapiti utilizaban el polígono de tiro de su unidad para sus prácticas, y que no pagan ningún tipo de alquiler por el uso.

Tan bien le ha ido a la empresa de los Machado que de haber empezado operando en una pequeña oficina en la zona del centro de Asunción, pasó a contar con un ostentoso predio propio en la ciudad de Luque, donde Vidal también construyó una imponente casa. Mientras, sus funcionarios también reclaman falta de pagos de haberes, aguinaldos y hasta de seguro social.

juan.lezcano@abc.com.py