Este pacto también favorecerá a algunos aliados adbistas investigados, como el titular de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas, y pondrá en la mira a los legisladores de la oposición, principalmente del PLRA.

Si bien niegan ante la prensa de que el objetivo de una tregua política entre castistas y abdistas sea para salvarse de la justicia, cuestionan que supuestamente fiscales y jueces son rigurosos únicamente con los colorados.

En el cartismo, el discurso con que repican los dirigentes es que la Fiscalía no solo investigue a los políticos colorados por presuntos hechos de corrupción. Este discurso fue ratificado por el expresidente Horacio Cartes.

En el sector abdista también hay quienes repiten el mismo alegato. Cuevas, titular de Diputados e investigado por presunto enriquecimiento ilícito, también ensayó el argumento al pedir que la justicia también averiguará sobre los políticos opositores también sospechados de corrupción.

A esto hay que agregar que la “unidad colorada” es algo difícil de definir, así como la razón de su urgencia, para los mismos dirigentes colorados. 

Varias son las respuestas. El cartista Darío Filártiga y el abdista Juan Carlos Galaverna suelen coincidir en que en realidad no es una unidad, ya que el partido no está dividido. 

Filártiga dijo que lo que se busca es el funcionamiento institucional de la Junta de Gobierno. Galaverna apuntó a algo más grande.

Por la cantidad de políticos de primera línea en el partido oficialista ya encarcelados, imputados y otros investigados por enriquecimiento ilícito y robos al Estado, la intención real sería conseguir una tregua de no agresión y poner freno a la Justicia.